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Opinión


24 Junio, 2018.

La Ley Mulder

Esta nueva ley no es más que una reacción legítima al saqueo de funcionarios públicos en el uso de publicidad estatal ante la mirada pasiva de ministros o jefes de instituciones.

José Delgado

| Columnista invitado

La Ley Mulder tiene dos objetivos básicos: ahorrar dinero prohibiendo publicidad estatal en medios privados y, en consecuencia, evitar la compra solapada de silencio o la complacencia de algunos medios para con el gobierno de turno. Analicemos la críticas:

1- “Se está violando el artículo 62 de la Constitución”. Este artículo –“La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente”–  claramente establece una facultad, esto es, la posibilidad de pactar libremente, a voluntad de las partes. La Constitución no obliga a nadie a hacer publicidad en empresas privadas; tampoco dice que la publicidad sea un derecho constitucional de la prensa privada. La publicidad es una herramienta administrativa que se puede usar o no.

2- “El Congreso no tiene atribuciones para aprobar esta ley”. Olvidan que el Congreso no solo legisla todas las relaciones entre instituciones y personas, sino que principalmente regula el funcionamiento del aparato estatal (algo así como el directorio de una empresa, que es el máximo nivel administrativo).

3) “Viola la libertad de expresión y el derecho a la información”. La ley no le prohíbe al Estado expresarse ni comunicarse con la ciudadanía; simplemente excluye el uso de medios privados. El Estado no solo cuenta con las redes sociales y medios públicos sino también con una increíble infraestructura (carteles, afiches, perifoneo, letreros electrónicos, etc. en mercados, peajes, estadios, colegios, programas de vaso de leche, etc) que llegaría a todos y a un costo mínimo. El cielo es el límite.

La Ley Mulder contiene excepciones y eventualmente es posible –en el futuro– incluir o discutir otras. La promoción turística en medios extranjeros es una de ellas. Pero en lugar de decir “entendemos la situación”, “el gobierno tiene que ahorrar” o “seguiremos difundiendo las campañas”, los medios privados han salido a reclamar que no les corten la compra de publicidad.

Creo que esta nueva ley no es más que una reacción legítima al saqueo de funcionarios públicos en el uso de publicidad estatal ante la mirada pasiva de ministros o jefes de instituciones. Es más: pienso que si el Congreso no reaccionaba se hubiera hecho cómplice de ese despilfarro. La alternativa hubiese sido la interpelación a varios ministros, pero lo mejor ha sido cortar por lo sano.

De todas maneras, administrativamente se puede discutir la eficacia de la medida, pero resulta claro para una mente objetiva que la ley que regula la contratación de publicidad estatal en los medios de comunicación privados no es anticonstitucional y menos atenta contra la libertad de expresión.


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