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La lección de Las Bambas

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La democracia del consenso exige ponerse de acuerdo en los temas fundamentales del quehacer nacional dentro de plazos determinados. Y si no hay acuerdo, el Estado interviene y toma la decisión a manera de última instancia inapelable.



Hay incontables comentarios alrededor del problema suscitado con la mina Las Bambas, empresa sitiada por casi dos meses por esa falta de autoridad crónica del Perú. ¿No era este un proyecto modelo, donde una inversión social previa de 165 millones de dólares iba a evitar los problemas de siempre?

El patrón de los acontecimientos ya es un clásico: comuneros hábilmente dirigidos por extorsionadores profesionales que explotan muy bien la desinformación de la cual generalmente se cuelgan los políticos de izquierda fracasados, y empresas arrinconadas que no pueden hacer nada a pesar de la tremenda asimetría originalmente existente. En este caso particular hay una tremenda responsabilidad del Estado por no haber tenido en cuenta un pequeño detalle: el cambio de metodología del transporte del concentrado, que de un moderno mineroducto pasaba a usar contaminantes e ineficientes camiones. Ahora, a ese débil Estado le toca meter la mano al bolsillo y, previa desactivación de la mafia de abogados comisionistas, hacer lo que le corresponde acá y en cualquier lugar del mundo: la carretera. Además, como es usual en caso de expropiaciones y propiedad privada legal, deberá pagar un justiprecio a la comunidad.

Estos problemas los hemos vivido en los cientos de conflictos mineros que por años viene sufriendo el Perú, con el resultado de una retracción en la inversión minera (que es el principal sector de la economía peruana, nos guste o no). Algunos años atrás en Cajamarca, nuestra pusilánime democracia incapaz de defenderse a sí misma permitió que oscuros intereses detrás de corruptos personajes (que pasaron por la cárcel) se reciclen bajo el manto del medioambientalismo, el antisistema y una falsa representatividad social, y bombardeen los intentos de atraer importante inversión. Los resultados están a la vista hoy en una de las regiones con más alto crecimiento de pobreza.

Al margen del problema puntual –siempre diferente caso por caso–, de manera abstracta la cuestión es que nuestra democracia no cuenta con mecanismos de autodefensa ante el acoso de sus anárquicas e interesadas bases.  Vivimos en una democracia donde prevalece la mayoría y el número, y que posee –como ya dijera San Martín– muchas cabezas para pensar y pocas manos para obrar. No somos una democracia del concordato que propugne el acuerdo y el consenso racional en favor del bien común (lo que en alemán se conoce como Konsensdemokratie).

La democracia del consenso exige ponerse de acuerdo en los temas fundamentales del quehacer nacional dentro de plazos determinados. Y si no hay acuerdo dentro de esos plazos, el Estado interviene y toma la decisión a manera de última instancia inapelable. En la democracia del consenso, el Estado debe tener la fuerza de la razón: dirime y la decisión final se acepta sin dudas ni murmuraciones, igual que la del árbitro en un partido de fútbol.

Siempre habrá perdedores y conclusiones que no gusten, pero al final una será la decisión y se seguirá para adelante; no nos quedaremos en el limbo ni tendremos que esperar décadas de procesos judicializados, mesas de “diálogo” o bloqueo de carreteras para definir los problemas. Eso redundará en el supremo bien común, y los perdedores de turno deberán asumir la solución como definitiva y no apelarla ad infinitum (ya ganarán en la próxima).

La democracia del consenso destaca por su fortaleza; da mejores resultados que la democracia competitiva y acaba con la mentalidad de que el ganador se la lleva todo. Se aplica alrededor del mundo, en muchos países exitosos que comparten con el Perú su heterogeneidad social y económica.

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