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Opinión


9 Diciembre, 2017.

¿La estabilidad democrática en riesgo?

Lo que produce temor es lo que se viene cuando en enero próximo la delación de Jorge Barata ponga al país, con sus altos mandos políticos y empresariales, en el ojo mismo del huracán.

El escenario se llenó de rumores y de furia. El juez Richard Concepción Carhuancho volvió a golpear al autorizar el allanamiento de los dos locales de Fuerza Popular. El magistrado ha sido implacable al ordenar prisión preventiva contra un expresidente de la República y su esposa, contra cuatro importantes ejecutivos de las empresas que trabajaron con Odebrecht y, ahora, al autorizar el allanamiento de dos locales del fujimorismo. En estas turbulentas decisiones no han pesado las amistades, las influencias y las presiones políticas y económicas. Dictaminó el ingreso de la policía a pedido del fiscal, a pesar de la previsible reacción de la poderosa bancada congresal naranja.

Las calles lo aprueban: piensan que estamos en un Perú diferente por el impacto que causa ver, como nunca antes, a integrantes de los sectores más altos en la política y en la empresa tras las rejas. ¿Nos espantamos porque están presos los poderosos? ¿Nos molesta que la corrupción esté siendo sitiada por jueces como Carhuancho?

Ante el imaginario popular este juez trata a todos por igual sin importar los apellidos y el dinero. Tiene la audacia y la valentía que se requiere en un Poder Judicial en el que siempre hemos visto magistrados pusilánimes por no decir con un precio determinado por la misma corrupción que deben combatir. Pero el fujimorismo no conecta con este sentimiento; la indignación por la afrenta de verse contra las cuerdas lo ha llevado a invocar la lógica de la guerra al considerar el allanamiento como un atropello y una represalia por la investigación contra el fiscal de la nación, Pablo Sánchez. La respuesta excesiva y la sobreactuación política estaría indicando temor a lo que viene.

Hay que dejar dicho que la prisión preventiva debe ser excepcional y nunca banal. Bertolt Brecht dejó para la reflexión que cuando el abuso no detenido a tiempo llega a nosotros puede ser demasiado tarde. El principio jurídico es seguir el juicio en libertad y que solo haya prisión después de la prueba de culpabilidad. Más aún teniendo en cuenta que la cantidad de presos con prisión preventiva se va haciendo grande en penales ya superpoblados.

No debemos, por tanto, banalizar la prisión preventiva y sí exigir que toda acción judicial sea justificada. Incluyendo la orden de allanamiento de los locales fujimoristas. Pero no es el debido proceso el que está en cuestión, pues hasta ahora ha sido respetado. Lo que produce temor es lo que se viene cuando en enero próximo la delación de Jorge Barata ponga al país, con sus altos mandos políticos y empresariales, en el ojo mismo del huracán.

Estarán, sin duda alguna, ante la prueba mayor para nuestras frágiles instituciones. Grave momento que podría alcanzar la estabilidad misma de la democracia, como amenazó indignada la congresista fujimorista Cecilia Chacón.

¿A qué se refirió? ¿A la vacancia presidencial posible? El fujimorismo repite que no la quiere, pero su allegada Vilcatoma pide la renuncia de PPK mientras comienzan a cercarlo con la citación a su esposa Nancy Lange. No tranquiliza para nada la inmediata reacción presidencial en defensa del debido proceso y por el respeto a reglas de juego cuando estas no están en riesgo. Por ahí no es.

Lo que el país exige es una respuesta de fondo que proporcione real tranquilidad antes de que la situación se salga de control y los naranjas, muy ofendidos, se decidan por denunciar al presidente por “incapacidad moral”. No olvidemos que tienen sangre histórica en el ojo.


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