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Opinión


5 Diciembre, 2018.

La enorme hilacha del radical chic

Una caterva de "notables" y "aristócratas" de las leyes a los que nadie ha elegido para ningún cargo público y que recomendaron en su momento a todos los presidentes que están hoy investigados o procesados por corrupción, han emitido un pronunciamiento para que se quede en el cargo Víctor Prado Saldarriaga.

Mañana se cumple el plazo que pone fin al mandato del Presidente del Poder Judicial Víctor Prado Saldarriaga. El juez supremo ya afirmó que cumplirá con la Ley y la Constitución que no permiten la reelección de su cargo. En buena hora que así sea, pues lo mínimo que se puede esperar de un presidente del Poder Judicial es que cumpla, precisamente, con la Ley y la Constitución.

A pesar de ello, vale la ocasión para reflexionar sobre aquellos que con total desparpajo y cinismo dicen defender el estado de Derecho, la independencia y la autonomía de poderes, y se zurran olímpicamente en ellos.

Una caterva de “notables” y “aristócratas” de las leyes –a los que nadie ha elegido para ningún cargo público y que se autoproclaman paladines de la lucha anticorrupción– han emitido un pronunciamiento para que se quede en el cargo Víctor Prado Saldarriaga. Es decir, para estos señores que toman el nombre de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (¿es acaso un comunicado institucional de todos los académicos y docentes y egresados de esa facultad?), la Ley y el contrato social que ella implica valen un ardite y tienen que ceder a la excepcionalidad de su capricho. Así, porque “ellos” lo dicen, el presidente del Poder Judicial “tiene” que quedarse en su cargo y reelegirse.

¿Pero quiénes son los que exigen muy sueltos de huesos que la ley se adecue a la necesidad de sus intereses? ¿Quiénes los que dan lecciones urbi et orbi sobre la moralidad y la ética como para proponer la ideoneidad de su candidato a presidente Poder Judicial? Bueno, pues: son los mismos que recomendaron en su momento a todos los presidentes que están hoy investigados o procesados por corrupción. Lo hicieron con Toledo, el prófugo. Con Ollanta Humala (¿el capitán Carlos? de los 3 millones de Odebrecht), Villarán (la de los 2 millones de Odebrecht, OAS y Línea amarilla) y PPK (el de Westfield Capital y la puerta giratoria).

Algunos fueron embajadores, ministros y hasta primeros ministros de los susodichos, pero con ellos no es la cosa; la corrupción de sus recomendados o jefes no les llega –o más bien les llega–, a tal punto de seguir recomendando más “virtuosos”, como si sus yerros y complicidades para con los corruptos con los que convivieron y asistieron no fuera suficiente motivo para que tuvieran el decoro de callarse la boca. Eso, por supuesto, no va a suceder.

Ellos saben que el guión para sobrevivir y seguir caminando por la vida como si nada hubiera pasado con ellos es seguir pontificando, con la nariz respingada, su “superioridad moral” confiados en sus buenas relaciones sociales, los cócteles, los vernissages, Hola, Cosas, Ellos y Ellas y sus contactos internacionales. Además, claro está, de abogar por la paz, los inmigrantes y los pobres del mundo desde la terraza de su casa de playa en Asia, con un buen campari en las manos.


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