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Justicia para Arlette y para todas

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No debemos olvidar que es el Ministerio Público, y no los medios de comunicación, el que tiene la carga de la prueba y que durante el proceso debe demostrar la responsabilidad de la persona a la que se le está imputando un delito.



En las últimas horas la opinión pública por intermedio de las redes sociales ha mostrado su desacuerdo a la sentencia que absuelve al agresor de Arlette Contreras de los delitos de tentativa de feminicidio y violación sexual. Sin embargo, ¿es esta sentencia injusta o es que los magistrados valoraron objetivamente los hechos y actuaron conforme a sus atribuciones?

No debemos olvidar que es el Ministerio Público (y no los medios de comunicación) el que tiene la carga de la prueba y que durante el proceso debe demostrar la responsabilidad de la persona a la que se le está imputando un delito. Quienes hemos tenido acceso a la sentencia que ha generado la polémica general podemos percatarnos de que el fiscal –dejándose llevar por la presión mediática– decidió imputar los delitos de feminicidio y violación sexual en grado de tentativa al agresor Adriano Pozo, es decir, delitos que no podía demostrar de manera fehaciente: lo mostrado en los videos y corroborado luego por el certificado médico era el delito de lesiones provocadas a una mujer indefensa. Una acción delincuencial y abusiva que no era una tentativa sino un acto plenamente consumado y comprobado, lo cual sin lugar a dudas hubiera culminado con una sentencia condenatoria  al agresor.

Entiendo que la población se enerve al ver repetidamente por televisión las imágenes de la cobarde agresión a la señorita Contreras, y que algunos líderes de opinión quieran fungir de juzgadores e indicar el delito y la pena a imponerse; pero un fiscal no puede dejarse llevar por la emoción popular porque su deber es dilucidar qué delito se ha cometido y qué pruebas puede presentar, así como identificar al autor para en base a ello solicitar al juez la pena que debe darse al delincuente. Lamentablemente en este caso ello no ocurrió: objetivamente el fiscal nunca pudo demostrar la existencia de indicios de intento de violación o asesinato; por ello, la absolución de Adriano Pozo por parte de los magistrados de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho  es inobjetable.

Nuestros lectores deben entender que esta vez no fallaron los jueces. Dejando los apasionamientos de lado, si realmente queremos castigar a los delincuentes debemos exigir a nuestros fiscales que sean acuciosos y objetivos. Es la única manera de obtener justicia para Arlette y para todas.

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