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Ite missa est: ¡que se pronuncie el nuncio!

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El cardenal Barreto se ha revelado intolerante e imprudente, y su actitud debe ser condenada por cualquier demócrata. El partido aludido tiene todo el derecho a protestar formalmente y exigirle a la Cancillería que le haga llegar al nuncio apostólico su extrañeza para que tome nota y comunique al Vaticano este desatino.



El cardenal Pedro Barreto ha dicho que “Fuerza Popular nunca ha querido el bien del Perú”. El purpurado no se ha referido a una ideología determinada ni a una posición política, económica o social, sino que ha aludido a un partido político concreto. Esto es inédito en la vida política del Perú de los últimos 50 años y constituye una grosera intromisión precisamente en esos asuntos.

El cardenal está simplemente descalificando a un partido político peruano como si lo hubiera hecho con el partido comunista o con el APP, APRA, AP, FA o cualquier otro partido de cualquier ideología. Quienes descalifican a un partido político solo son, en un Estado democrático, los electores. El cardenal representa a la Iglesia católica y tiene el título honorífico más alto de esa comunidad religiosa en el Perú. Forma parte de la Conferencia Episcopal Peruana y vota en el colegio cardenalicio si el vicario de Cristo y jefe del Estado Vaticano expirara mientras el cardenal esté en funciones. Hasta podría ser elegido Sumo Pontífice.

Por las anteriores razones, sus expresiones contra un partido político son inaceptables y desbordan cualquier crítica a una coyuntura determinada y a su misión pastoral y de guía espiritual.

El cardenal tiene todo el derecho a criticar una ideología o una posición política –por ejemplo a favor del aborto o del matrimonio homosexual–, pero a lo que no tiene derecho es a denostar a los partidos políticos que tributan a esas ideologías. En un país donde campea el odio más imbécil posible contra ese partido político aludido por Barreto, no han faltado quienes han aplaudido o justificado las declaraciones del cardenal atendiendo a su derecho a la crítica y a la libertad de expresión. No se trata de eso.

La libertad de expresión y de crítica tienen un límite que es la no injerencia en asuntos políticos por parte de la Iglesia. Puede pronunciarse sobre asuntos públicos, que es distinto. Si se siguiera la lógica que avala las declaraciones del cardenal, también podría permitirse que el presidente de la República o cualquiera de sus ministros cuestionen los asuntos políticos del Estado Vaticano y a sus autoridades, se pronuncien contra  las decisiones del Papa en materia internacional –como lavarse las manos en el caso de Venezuela mientras se ofrece como mediador de un diálogo con un tirano o cuando condena la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México propuesto por Trump o se da de besos con el Imán sunita de los Emiratos Árabes sin decir ni pío sobre las violaciones de derechos humanos contra los opositores políticos del emir–, y se cree una crisis política sin sentido.

El cardenal se ha revelado intolerante e imprudente, y su actitud debe ser censurada por cualquier demócrata más allá del partido que critique. El partido aludido tiene todo el derecho a protestar formalmente y exigirle a la Cancillería que le haga llegar al nuncio apostólico su extrañeza, para que este tome nota y comunique al Vaticano del desatino del cardenal.

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