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Opinión


14 Febrero, 2018.

Intolerable intromisión de la Corte IDH

Escandalosa resolución de la Corte resulta intolerable intromisión en una decisión soberana de un poder del Estado —el Legislativo— que en pleno uso de sus atribuciones constitucionales acogió una denuncia contra cuatro magistrados, presentada por marinos que aún hoy se ven afectados por una interminable persecución.

Invitado

| Columnista invitado

Como no podía ser de otra manera, la tremenda Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que el Estado peruano archive la acusación constitucional contra los cuatro magistrados que prevaricadoramente cambiaron el voto del magistrado Juan Vergara Gotelli, bajo una interpretación antojadiza de una sentencia de 2013 sobre el debelamiento del motín del Frontón del 1986.

Como se recuerda, en 2013 el Tribunal Constitucional resolvió vía una sentencia con cuatro votos (por mayoría, considerando el voto singular de Vergara Gotelli) que dicha acción —el debelamiento del motín— no fue un delito de lesa humanidad: por ello, la investigación judicial debía considerar este hecho en la investigación que tenía en curso. En 2016, con la nueva conformación de la Corte los nuevos cuatro magistrados interpretaron el voto de Vergara en sentido contrario (de golpe y porrazo ya no había mayoría, por tanto, ya no había sentencia) reabriendo ilegalmente el caso en el TC.

De esta manera, estos magistrados violaron flagrantemente la institución de la cosa juzgada permitiendo que se continúe con la persecución a los marinos que enfrentaron a los peligrosísimos terroristas atrincherados en dicho penal.

La escandalosa resolución de la Corte IDH resulta una intolerable intromisión en una decisión soberana de un poder del Estado —el Legislativo— que en pleno uso de sus atribuciones constitucionales acogió una denuncia contra los citados magistrados, presentada por marinos que aún hoy se ven afectados por una interminable persecución de la justicia peruana y apoyada por el congresista oficialista Pedro Olaechea.

No llegamos a entender qué violación a derechos humanos están cautelando los jueces de la referida Corte, pues los magistrados del TC venían siendo investigados por la comisión de un hecho a todas luces irregular (y ni siquiera se ha agotado la instancia nacional). Hasta donde conocemos la instancia supranacional debe cautelar y defender las violaciones contra los derechos humanos de los ciudadanos, no entrometerse en decisiones soberanas que nada tienen que ver con sus funciones.

Con esta equivocada decisión —adoptada por cinco votos a dos— la Corte no hace sino darles municiones a sus enemigos y alimentar la discusión sobre la conveniencia de retirarnos de esta entidad, cuya misión debería ser proteger a los ciudadanos de reales violaciones a los derechos humanos y no ponerse al servicio de oenegés que solo defienden a terroristas.

A todas luces, esta entidad se halla tomada por gente de una agenda contraria a los reales intereses del Perú, de marcado sesgo político y a la cual, evidentemente, no le interesa (o no quiere a comprender) la magnitud de la lucha antisubversiva que se dio en nuestra patria. Más bien, continúa persiguiendo y castigando a quienes pusieron el pecho para combatir la lacra que significó la subversión. Inaceptable por donde se le mire.

Mientras tanto, el Congreso apropiadamente ha solicitado a la Corte IDH una aclaración a una resolución a nuestro entender inaplicable. Dicha resolución se entromete en nuestro ordenamiento legal y político colisionando con nuestra Constitución, y además no ampara derecho humano alguno. Una investigación parlamentaria no es una afectación a los derechos humanos. Esta vez la Corte IDH ha ido mucho más allá de lo que le corresponde y es hora de ponerle un alto…tampoco son infalibles.


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