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Opinión


10 Septiembre, 2017.

Indefensas (¿y acusadas?)

Aunque no compartamos argumentos de quienes promueven el aborto libre, cuando vemos los escalofriantes índices de embarazos por violación no podemos sino comprenderlos.

Paolo Benza

| Columnista

El jueves se hizo viral la imagen de un cartel colgado en uno de los hospitales de EsSalud en Abancay. El cartel decía: “Todo paciente con diagnóstico de aborto incompleto se ha de comunicar a la policía de turno” (sic). Aunque EsSalud ya declaró que el cartel fue colgado sin su autorización, también confirmó que lo que se intentaba informar sí era parte del protocolo.

Cada año, 35 mil mujeres quedan embarazadas producto de una violación, según Promsex (de la que se podrá decir que está parcializada, pero que es la única que se ha dado el trabajo de hacer esa proyección. Dicho sea de paso, revisé su metodología y se veía conservadora). ¿Una comparación cruda? El Estado Nacional se ve bastante lleno con esa cantidad de personas. ¿Otra cifra difícil? El 78% de las violaciones son a menores de edad.

Pero hablemos de algo aún peor. Abancay es la capital de Apurímac, una de las regiones más pobres del país. Hace poco pude recorrerla durante unos días. Estuve en los distritos de Curahuasi, Huanipaca y Cachora. En este último, un policía que me dijo: “Acá, en las zonas rurales, cuando una mujer se cruza con un hombre ni siquiera levanta la cabeza. Y no es respeto; es miedo”.

Semanas después estuve en Pampachiri —otro distrito apurimeño, esta vez de la provincia de Andahuaylas— y otro policía puso más detalles escalofriantes al asunto. “Ayer le sacaron la mugre a una señora y dijo que se había caído. Acá les pegan y las violan todos los días y nunca denuncian. Primero, porque el policía las recibe con el típico ‘qué habrás hecho’. Y segundo, porque si tienen la suerte de que no sea así, el juez les dice que vuelvan cuando haya reincidencia. Acá el juez sólo dicta medidas cuando hay reincidencia. O sea que a una mujer le tienen que pegar y violar… ¡como mínimo dos veces! Imagínate”, me comentó.

Veamos entonces la figura completa. Una adolescente de dieciséis años es golpeada y violada en un pueblo en las montañas de Abancay. El Estado, por supuesto, no estuvo ni cerca de protegerla de la violación. Es algo tan común que quizás no sea la primera vez. Pero esta vez queda embarazada. Va a denunciar el hecho y el policía le pregunta cómo estaba vestida el día que ocurrió. Sale llorando de la comisaría y ni siquiera llega al juez. El Estado —nuevamente— le falla.

La chica decide que no quiere tener al hijo del cabrón que la golpeó, la violó y que todavía sigue libre. Tiene 16 años, sigue yendo al colegio y no es una decisión fácil. Pero la toma. Compra las pastillas o se practica un legrado en un tugurio mugriento y clandestino. Asumiendo que nada sale mal, luego tiene que ir a un centro de salud a hacerse una limpieza de rutina. Sin esa limpieza, las cosas sí se pueden poner feas.

Llega al hospital de EsSalud de Abancay y ve un cartel que dice que va a tener que hablar con la Policía. Con la misma Policía que no estuvo para protegerla de su violador y que después le preguntó qué se había puesto el día de la violación. Con esa Policía tiene que hablar ella y no el desgraciado que la violó, por disposición del Estado.

¿Se dan cuenta? Lo más duro de todo esto es que, esté o no el cartel colgado en la pared, todo tipo de aborto (ya, excepto el terapéutico) sigue siendo un delito en el Perú. Por todo esto, puedo entender y respetar —aunque no los comparta— los argumentos de quienes sostienen que el aborto no debe ser una práctica libre. Oponerse a legalizarlo en casos de violación, sin embargo, sí me parece pura y simple crueldad.


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