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Condeno enérgicamente la intromisión del presidente de la República y del Poder Ejecutivo en la autonomía e independencia del Ministerio Público así como en la judicatura. Apoyo al presidente del Congreso en hacer valer sus fueros tomando el liderazgo de la reforma constitucional.



En el Perú vivimos una grave anomalía del Estado de derecho tapada por la mayoría de los medios de prensa. La autonomía e independencia de los poderes del Estado que garantiza la Constitución Política de 1993 es puesta constantemente en entredicho.

El presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros avalan la actuación de jueces y fiscales que ven las causas de sus adversarios políticos, llegando incluso a exigir al fiscal de la Nación desde el Poder Ejecutivo que confirme en sus cargos, pese a todos los cuestionamientos probados de abusos y violaciones al debido proceso, a dichos operadores de justicia. Esto es un hecho que en cualquier país democrático del mundo califica como politización de la justicia.

En esa situación de persecución política a través de jueces y fiscales avalados explícitamente por el presidente y su primer ministro, se encuentra la líder de la oposición y líder del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi. La defensa legal de Fujimori Higuchi es intimidada por ese equipo de fiscales avalado por el Poder Ejecutivo a través de investigaciones en la víspera de la audiencia de apelación de su caso, vulnerando el principio constitucional de defensa. A esto se suma el amedrentamiento de un cartel mediático adicto al presidente que pretende descalificar a jueces que tienen a cargo la apelación de la líder de la oposición, publicando fotos de contenido social con el fin de involucrarlos con exmagistrados comprendidos en investigaciones penales cuando nadie sabía de su situación actual. El objetivo político de esta campaña es claro: mantener en la cárcel a la líder de la oposición cueste lo que cueste.

A Keiko Fujimori Higuchi le ha sido impuesta prisión preventiva por 36 meses sin que exista una acusación fiscal. Esto es una condena anticipada sin que haya habido juicio alguno. Al partido Fuerza Popular se lo sindica como una “organización criminal”. Las supuestas infracciones administrativas concernientes a los aportes de campaña se han convertido en “lavado de activos” y, sin presentar prueba alguna que corrobore los dichos de “testigos protegidos”, los principales asesores políticos y hasta amigos de Fujimori Higuchi están presos.

Mientras Keiko Fujimori está cautiva con el aval del presidente de la República y su primer ministro (que apoyan explícitamente a los jueces y fiscales que la mantienen presa), el Poder Ejecutivo intenta por todos los medios intimidar al Congreso de la República para convertirlo en una mesa de partes del gobierno, pretendiendo remplazar a ese Poder del Estado por una “junta de notables” — que nadie ha elegido sino el mismo presidente a dedo– para reformar nada menos que nuestra Constitución, como si no le correspondiera al Parlamento el derecho y la legitimidad de modificar la Carta Magna. Esta es una prueba más de la grosera interferencia del Poder Ejecutivo en la independencia y autonomía de los otros poderes del Estado con la líder de la oposición tras las rejas.

Ha hecho bien el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, en defender los fueros del Parlamento y ampliar motu proprio la legislatura hasta enero del próximo año con el fin de discutir las reformas constitucionales, pues hubiera sido la hecatombe de la democracia representativa que el presidente de la República empiece a convocar al Congreso cuando a él le dé su regalada gana al amparo de las encuestas.

Ante esta situación, hay quienes seguimos creyendo en la democracia e institucionalidad de la república. Por ello, como simple ciudadano, periodista y hombre de leyes digo lo siguiente:

Respaldo a Keiko Fujimori Higuchi (y a cualquiera que se encuentre, no importa cual sea su color político, en ese mismo trance como lo he hecho en otras ocasiones) ante el abuso del derecho de jueces y fiscales avalados políticamente por el presidente de la República y el primer ministro. ¡No a la politización de la justicia!

Condeno enérgicamente la intromisión del presidente de la República y del Poder Ejecutivo en la autonomía e independencia del Ministerio Público así como en la judicatura.

Apoyo al presidente del Congreso en hacer valer sus fueros tomando el liderazgo de la reforma constitucional y rechazo cualquier intento de avasallar al parlamento imponiéndole una reforma de la carta magna a la medida del Poder Ejecutivo. Y, sobre todo, me sublevo ante el hecho de que desde el gobierno se quiera imponer a dedo una “junta de notables” que reemplace de facto en sus funciones al primer poder del Estado.

He dicho.

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