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Opinión


29 Abril, 2018.

¿Hasta cuándo el miedo?

Esperemos que nuestro próximo alcalde tenga la capacidad y las herramientas para reducir nuestro temor a morir baleados, apuñalados o calcinados en una calle cualquiera, en un bus cualquiera.

El miedo a morir en cualquier momento. A sufrir un asalto y que el delincuente, demasiado nervioso o drogado, dispare a quemarropa para robarnos un celular o cuatro centavos. Esas son las principales preocupaciones de los peruanos (con el plus de temor, en el caso de las mujeres, de la violencia sexual).

Indistintamente de quien gane las elecciones municipales, la seguridad pública, el derecho a circular sin temor TIENEN QUE SER un valor prioritario y protegido. Somos una sociedad que no cree en sus autoridades, simplemente porque se ha perdido todo respeto por la cautela de este valor fundamental.

No hay ministros o congresistas asaltados. Por esas perversas ironías del destino tienen amplia seguridad pagada con nuestros impuestos, pero aquellos que financiamos el blindaje –los ciudadanos de a pie– estamos absolutamente indefensos. Es un valor fundamental que ha perdido el amparo de las autoridades y que solo recobra vigencia en los procesos electorales o cuando la prensa hace una campaña intensiva. No es un top of mind.

Pienso que para que algo tome real importancia debe experimentarse en carne propia; sin embargo, aquellos que gobiernan no sienten ese miedo y eso nos juega en contra.

Si las encuestas no mienten y el 82% de los peruanos prioriza la seguridad como el objetivo principal de un plan de gobierno municipal, la elección debería darse entre los dos candidatos que SON PERCIBIDOS como los mayores expertos (no digo que lo sean): el excongresista y promotor del programa televisivo “Alto al crimen”, Renzo Reggiardo, que durante su brevísima campaña presidencial del 2016 ya había expresado querer “darle al Perú seguridad integral” y “cambiar el concepto de miedo por seguridad”, y el exministro del Interior Daniel  Urresti, quien propone que los policías y serenos estén autorizados para llevar armas no letales (que a diferencia de las convencionales son más eficaces porque dejan paralizados a los delincuentes por el dolor).

Sacar el ejército a las calles no es una opción. Diría que es una medida extrema, con el inmenso pasivo de dejar al descubierto que se ha perdido totalmente el control. Recordemos que durante la última campaña presidencial, tanto Alan García como Keiko Fujimori declararon que no les temblaría la mano para tomar la decisión, pero me pregunto si habrían medido las consecuencias. De ninguna manera: fue la típica respuesta populista ante la desesperación.

Experiencias en México y Brasil demuestran que es una medida muy ineficiente. La militarización de la calle promueve el asesinato de cientos de personas con la mayor impunidad, porque los militares están preparados para matar sin asumir consecuencias. El ejército no está entrenado ni diseñado para realizar labores policíacas; tampoco existen suficientes garantías en materia de derechos humanos. Por otro lado, ocasiona un escenario de confort y se pierde los incentivos para preparar autoridades policiales confiables.

Esperemos que nuestro próximo alcalde tenga la capacidad y las herramientas para reducir nuestro miedo a morir baleados, apuñalados o calcinados en una calle cualquiera, en un bus cualquiera.


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