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Opinión


9 Septiembre, 2018.

Hablemos sobre la familia

Si bien tenemos un marco normativo y planes nacionales que implican hasta una Ley de Fortalecimiento de la Familia, son pocas las políticas públicas que en base a tal norma se han implementado realmente para hacer de la familia el núcleo básico de la sociedad.

Elizabeth Zea

| Columnista invitada

Hablar de familia implica referirnos a ella como el cimiento de la estructura social. La Constitución le da categoría de instituto natural y fundamental de la sociedad. No es para menos, pues es en el seno familiar donde damos nuestros primeros pasos, formamos el carácter y la personalidad, y forjamos nuestros hábitos y costumbres.

La familia, como unidad social esencial y gracias a una buena crianza y formación, será capaz de potenciar nuestras capacidades y habilidades para desenvolvernos con éxito en esta sociedad tan cambiante y muchas veces tan violenta. ¿Cuánto hace el Perú para fortalecer la familia? No es fácil responder a esta pregunta porque –si bien tenemos un marco normativo y planes nacionales que implican hasta una Ley de Fortalecimiento de la Familia– son pocas las políticas públicas que en base a tal norma se han implementado realmente para hacer de la familia el núcleo básico de la sociedad. A la fecha, la familia no ha merecido ni siquiera un viceministerio: tan solo se ocupa de ella una Dirección General dependiente del Viceministerio de Poblaciones Vulnerables.

El Acuerdo Nacional en su compromiso 16 (“Fortalecimiento de la familia, promoción de la niñez, la adolescencia y la juventud”) establece obligaciones al Estado peruano sobre prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, garantizar el bienestar y una vida digna –poniendo énfasis en los niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza y exclusión–, así como entornos de convivencia pacífica y seguridad personal en un marco de respeto a los valores morales, culturales y sociales.

Para el logro de estos objetivos, la base son los programas educativos que deben orientarse a promover la unidad, la cooperación y la integración familiar, complementadas con medidas económicas y programas sociales que atiendan, sobre todo, la realidad de las familias rurales o en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, parece ser que el principal logro será la introducción del enfoque de género en las políticas públicas educativas, reduciendo la problemática de una real integración familiar a la discriminación que sufren las mujeres, la cual no podemos negar pero cuyas propuestas de solución deja de lado a los adultos mayores, a los padres de familia o tutores como los responsables de la crianza de los hijos. ¿Qué tan preocupado esta el Ministerio de Educación de fortalecer el mecanismo Escuela de Padres, los consejos educativos institucionales, y programas de atención emocional y talleres productivos a favor de niños y adolescentes?

Tampoco olvidemos a las familias monoparentales y su limitado acceso a las oportunidades de generarse ingresos para afrontar la carga familiar. Según la última encuesta nacional de hogares del INEI, el 38,6% y el 33% de hogares de sectores económicos D y E respectivamente son mantenidos por una jefa del hogar y enfrentan el abandono moral y económico de uno de los padres. ¿Qué programas de formación laboral y emprendimiento se han potenciado? ¿Cuántas madres adolescentes han vuelto estudiar o gozan hoy de una pensión de alimentos?

Trabajemos para lograr familias sostenibles y saludables, productivas y emprendedoras, unidas e integradas. Quizás vendría mejor menos “arroz con leche” y más compromiso social.


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