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Guerra avisada: de 2000 a 2018

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Garantía de un fiscal de la Nación independiente, que no obedezca a dictados de persecución y exterminio político de sus enemigos, y estar firmes como un puño son dos únicas armas de defensa propia que en esta crisis ni Fuerza Popular ni su bancada pueden entregar. Si no, solo habrá sudor, lágrimas y sangre... ¡pero ante el pelotón de fusilamiento!



Ayer quedó clara cuál era la estrategia del complot formado por el fiscal José Domingo Pérez, la ONG que lo apadrina IDL y el cartel mediático en cadena nacional de radio, televisión, periódicos, opinólogos y redes sociales. No fue Keiko Fujimori el punto principal de las “acusaciones fiscales” ni tampoco sus “coacusados” sentados en el banquillo por delitos inexistentes en el momento de los hechos imputados, y desbaratados por su defensa CON DOCUMENTOS y sin atenuantes.

Los verdaderos “acusados” que no estaban sentados en el infame banquillo del EXTERMINIO POLÍTICO al que se reduce la actuación del fiscal Pérez eran nada menos que su jefe, el FISCAL DE LA NACIÓN, y el INFORME DE LA COMISIÓN LAVA JATO. Sí, lo que pedía Pérez y el IDL era nada menos que la cabeza de Pedro Gonzalo Chávarry, al que hasta hoy no han podido sacar pese a una campaña sin precedentes de amenazas, difamación y desprestigio en la historia del periodismo y la política nacional y que debería mover a cualquier persona con un mínimo de sentido común a preguntarse: ¿por qué? También la deslegitimación del informe Lava Jato, que todavía no ha sido discutido por el Pleno del Congreso, fue puesta por Pérez y sus corifeos mediáticos en el paredón de fusilamiento. La misma pregunta: ¿por qué?

Así, Pérez aplicaba una clásica operación de inteligencia que los rusos han estandarizado como desinformatzia y maskarovna. En este caso, consiste en forzar la conclusión de que el informe de la Comisión Lava Jato forma parte de un contubernio de una “organización criminal” en la medida de que documentos públicos relativos a esas investigaciones –¡recortes de prensa incluidos!– fueron encontrados en los allanamientos a los partidarios y asesores de Fuerza Popular. Y como el fiscal afirma que Fuerza Popular y sus dirigentes son parte de una “organización criminal”, “ergo” el informe Lava Jato también.

Pero, ¿quiénes están comprendidos en ese informe que aún no ha sido discutido en el Pleno? ¿A quiénes afectaría que se sepan sus relaciones con Odebrecht? ¿Qué políticos, presidente, expresidentes, ministros, exministros, estudios de abogados, congresistas, autoridades, empresarios, ONG y empresas periodísticas y periodistas no quieren que se develen sus tratos sucios con Odebrecht? Esa es la respuesta a la operación de inteligencia montada por Pérez desde la fiscalía que aún está en manos de la argolla del IDL.

En otras palabras: ¿a quiénes quiere proteger el IDL a través de Pérez? ¿Y no son Keiko Fujimori y Fuerza Popular sus chivos expiatorios para las galerías? ¿Keiko Fujimori y Fuerza Popular han sido gobierno o manejado presupuesto público para “pagar” algún “favor” a Odebrecht? Más claro, ni el agua.

Al alimón con Pérez, el IDL –en otra operación de inteligencia de desinformatzia y maskarovna publicaba las CONVERSACIONES POLÍTICAS PRIVADAS del chat la Botika, en los que la líder del partido de la oposición, sus asesores y congresistas coordinaban sus estrategias y opinaban con toda legitimidad sobre autoridades como sucede en cualquier parte del mundo. Haciendo un mix de fechas y pasándolas como una sola conversación, la campaña del IDL tiene por propósito construir la narrativa de que el fiscal de la Nación, al que cualquiera tendría todo el derecho de apoyar como el IDL, Transparencia, Proética y varios políticos apoyaron al exfiscal Pablo Sánchez y apoyan hoy a Pérez–, está deslegitimado por tener el “favor político” de…. ¡una “organización criminal”!

Basta leer hoy las columnas de opinión y los editoriales del cartel mediático encabezados por El Comercio, Perú 21 y La República pidiendo que el “propósito de enmienda” y la “paz” ofrecida por Keiko Fujimori pase por el “gesto político” de entregar la cabeza del fiscal Chávarry, para tener la plena certeza de que –como decía en mi última columna– esa es la CONDICIÓN INACEPTABLE DE LA PAZ A CUALQUIER PRECIO y cuya aceptación tendría como corolario la total aniquilación de todos y cada uno de los miembros de la bancada de Fuerza Popular en el Congreso. ¡Por algo se los están pidiendo!

Cuando en el año 2000, a pedido de sus enemigos, el Congreso de entonces –con mayoría fujimorista– se autodisolvió sin ninguna razón política para ello (no hubo fraude alguno y el fujimorismo ganó las elecciones generales sin opinión contraria de la misión oficial de la OEA presidida por Eduardo Stein), creyendo que así se iban a congraciar con estos –empoderados por la crisis del fujimorato y la corrupción del montesinismo expuesta en la salita del SIN– poniéndose unos de costado, pasándose al bando contrario otros y peleándose como perros y gatos entre “provincianos” y la “cúpula”, lo único que lograron es que una vez rota la unidad y disueltos, los persiguieran a todos sin piedad y los metieran presos.

Eso mismo les pasará ahora si acomplejados por los sambenitos de sus enemigos, atarantados por el miedo que les meten las redes sociales y el cartel mediático o amenazados por juicios de cualquier índole, les entregan su unidad como bancada y la cabeza de Chávarry.

La garantía de un fiscal de la Nación independiente que no obedezca a los dictados de persecución y exterminio político de sus enemigos del IDL (y comparsas) y estar firmes como un puño son las dos únicas armas de defensa propia que en esta hora de crisis Fuerza Popular ni su bancada pueden entregar. Si no, solo habrá sudor, lágrimas y sangre… ¡pero ante el pelotón de fusilamiento!

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