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Opinión


21 Octubre, 2017.

Graña y Montero: ¿es la confusión la nueva arma de la impunidad?

"¡Si no los puedes convencer, confúndelos!", dijo Harry Truman. Hoy esa frase cobra absoluta vigencia con GyM y Lava Jato.

Estoy segura de que las “supuestas” contradicciones entre el video difundido el domingo último por Cuarto Poder —relativo a la confesión de Barata ante fiscales brasileños (diciembre 2016) que señala que sus socios peruanos no participaron en las coimas para ganar las licitaciones del Metro de Lima— y las declaraciones brindadas al fiscal Hamilton Castro (enero 2017) —en la que es enfático respecto a la participación y financiamiento de los sobornos por parte de sus socios— podrían ser maliciosamente utilizadas por las empresas peruanas para descalificar la colaboración eficaz de Barata y seguir invocando su inocencia en todas las transacciones realizadas en consorcio con Odebrecht.

José Graña Miró Quesada se rasga las vestiduras en cada comparecencia ante la Comisión Lava Jato… ¡y es que le basta con sembrar la duda! Sería un absoluto despropósito pero en el Perú, reino de la impunidad, ya nada sorprende. La administración de justicia se maneja sobre la base de la presión mediática, política y el pisotón.

En febrero pasado fue promulgado el DU N° 003-2017, cuestionado no solo por ser una norma con nombre propio (Odebrecht) sino por el posterior desacato de esta empresa al vender activos sin informar al Ministerio de Justicia, además de otros penosos tropiezos en su ejecución que determinaron las escandalosas renuncias de Julia Príncipe y  Katherine Ampuero. Hace meses que la congresista Beteta intenta modificarlo para ampliar su plazo, incorporar mayores mecanismos de protección al Estado peruano y extender los impedimentos a las empresas socias, (GyM, JJC e ICCGSA) con el fin de evitar que sigan disponiendo libremente de sus activos.

El caso de GyM es clamoroso: ya ha vendido bienes por cerca de US$200 millones (Cuartel San Martín, Prinsur, empresa Red Eagle Mining, COGA, GMD y el edificio corporativo ubicado en la Av. Petit Thouars) y posiblemente la lista continuará, pues nada la restringe y tiene al mercado encandilado (¡hasta sus acciones suben en la BVL!).

Estaba previsto que el proyecto de modificación se votase el jueves 12 pasado, antes de la presentación de Mercedes Aráoz; sin embargo, legisladores de varias bancadas indicaron que el mismo estaba incompleto y que tenía espacios para la elusión. Esperemos que no sea una maniobra dilatoria más o una nueva oportunidad para que sus múltiples detractores levanten la voz, sobre la base que se viola la presunción de inocencia, el debido proceso y la libertad contractual. Además, este tipo de restricciones solo corresponden luego de una sentencia firme y consentida del Poder Judicial.

Luchemos para que la confusión informativa no sea la nueva arma de la impunidad.


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