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Opinión


14 Noviembre, 2017.

Graña y Montero: desesperación y cinismo

Su comunicado concluía con una cínica frase cliché, demagogia pura, carente de veracidad: “Defenderemos a nuestra empresa, que es la empresa de todos los peruanos”. ¿Pensaron lo mismo cuando promovieron que se usara dinero público, en desmedro de la educación y de la salud de tantos compatriotas?

Conmovedores avisos los de Graña y Montero publicados en diversos diarios de circulación nacional el sábado pasado, como consecuencia de haber sido incluida dentro de los alcances del Decreto de Urgencia No. 003-2017, cuya única y exclusiva finalidad es salvaguardar los intereses del Estado peruano frente a los actos de corrupción. Originalmente fue diseñada para Odebrecht (aunque no lo diga la norma, el “nombre propio” era evidente) y hoy, por ser de justicia, incluye a las consorciadas.

Algunas reflexiones:

PRIMERA. Rápidamente empezó la victimización y el chantaje emocional de GyM, utilizando tres argumentos “contundentes” a simple vista: (i) el riesgo de empleo de más de 400 mil peruanos, de los cuales son 32,000 trabajadores directos y 350 mil puestos de trabajo indirectos a través de empresas proveedoras; (ii) la afectación a 150 proyectos actuales a nivel nacional; (iii) el impacto en la generación de PBI.

SEGUNDA. Recordemos que la finalidad principal del Decreto de Urgencia No. 003-2017 es “aprobar medidas que eviten la paralización de la ejecución de obras públicas o asociaciones público privadas y la ruptura de la cadena de pagos que ponen en grave riesgo el desempeño económico del país”. Se trata de una norma de prevención y protección a un valor mayor: la continuidad de las obras y la reparación a favor del Estado. ¿Contra esto se pronuncia Graña y Montero? ¿Debería prevalecer su interés antes de aquellos del país?

TERCERA. ¿Qué es lo que realmente le duele a GyM? Pues tener que pedir permiso al Ministerio de Justicia para vender activos, que les suspendan las transferencias al exterior (deberíamos saber qué porcentaje de los US$200 millones en activos que han vendido desde el mes de febrero ya enriquecen las cuentas personales de sus accionistas y directivos), la retención de cualquier eventual pago que el Estado les adeude —para así garantizar la continuidad de las obras en los que esta empresa ha estado involucrada— o, que estén obligados a pagar una indemnización, la misma que siempre será insuficiente para el daño causado al Perú con esta inmensa y putrefacta corrupción.

¡Por supuesto que les duele todo! ¡Sí eran los dueños del sector construcción! Lástima que los reinados no duran para siempre.

CUARTA. Efectivamente, es lamentable que se afecte a algunos trabajadores —no en el número sobredimensionado que ellos sostienen, pero el costo social puede ser complicado—. Ante ello, sugiero que esos US$200 millones recaudados en estos últimos meses sirvan para que les reconozcan una buena liquidación y que puedan recolocarse en el mercado. Graña y Montero es la primera empresa constructora del país, pero no la única. Los peruanos son emprendedores. Se constituirán otras entidades o finalmente tendrán oportunidad de competir aquellas éticas y honestas que se negaban a pagar coimas para ser favorecidas en los procesos de licitación.

No se puede tener contemplaciones en la lucha contra la corrupción. Además, hay una multiplicidad de proyectos como consecuencia de la Reconstrucción con Cambios y la brecha en infraestructura que generarán empleo y contribuirán al PBI. Su inclusión en el DU 003 podrá ser el fin del mundo para ellos, pero definitivamente no para el país. Era absolutamente necesaria.

QUINTA. ¿Acaso alguien se ha atrevido a poner avisos por los trabajadores y empleados peruanos de Odebrecht, igualmente perjudicados por el Decreto de Urgencia 003-17, que hoy mismo tienen dificultad para conseguir trabajo? ¿Por qué GyM no se solidariza también con ellos, sus exsocios?

SEXTA. El Congreso, aletargado, se demoró mucho en tomar la decisión. Desde el mes de mayo pasado Karina Beteta propuso la inclusión de las empresas consorciadas y sin embargo los lobbies —tan poderosos en este país—hacían temblar hasta a los más valientes. Recién con las filtraciones del interrogatorio a Marcelo Odebretch de este último jueves, donde parecería haber declarado que GyM sí tenía responsabilidad en los actos de corrupción (dando cuenta de que se habría reunido con uno o más altos directivos de dicha empres) es que ya la posición de los consorciados era indefendible. Algunos lo atribuyen a la venganza de FP contra El Comercio (José Graña Miró Quesada es la persona con más acciones a título personal en dicha empresa editora: 6.17% de 243 accionistas); otros, a que la inclusión era impostergable.

La buena nueva es que finalmente dejaron de ser las “intocables”: ¿presidentes y funcionarios presos y ellos caminando libremente por el mundo sin una sola medida de prevención? ¡Era inaceptable!

SÉPTIMA. El comunicado de GyM concluía con una cínica frase cliché, demagogia pura, carente de veracidad: “Defenderemos a nuestra empresa, que es la empresa de todos los peruanos”. ¿Pensaron lo mismo cuando promovieron que se usara dinero público, en desmedro de la educación y de la salud de tantos compatriotas?

Un poco tarde para rasgarse las vestiduras, señores de Graña y Montero. ES TIEMPO DE RESPONDER Y PAGAR.


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