toggle menu

Opinión


2 Noviembre, 2017.

Golpe al Congreso

Faenón en Washington: presidente de la Comisión IDH, Francisco Eguiguren Praeli, busca regular el juicio político para presidentes a través de la Corte IDH. Humala, PPK y cuatro miembros del TC serían los más beneficiados.

Francisco Eguiguren Praeli es presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH). Fue también ministro de Justicia y embajador en España del gobierno de Ollanta Humala y Nadine Heredia, y es amigo personal del presidente de la república, Pedro Pablo Kuckzynski. Este octubre que acaba de terminar —precisamente el día 13— y sin que ningún medio haya dado cuenta de ello hasta la fecha, presentó en nombre de la Comisión una Solicitud de Opinión Consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre “Democracia y Derechos Humanos en Contexto de Juicios Políticos”.

Un juicio político es, en términos generales, aquel conocido como “impeachment”; es decir, un procedimiento constitucional por medio del cual el parlamento de un país destituye al jefe del Estado por causales expresadas en su Carta Magna. También son juicios políticos aquellos que bajo las mismas premisas generales se aplican a determinados funcionarios del Estado que han infringido la Constitución, como por ejemplo en el caso peruano a los miembros del Tribunal Constitucional.

En simple, Eguiguren (como presidente de la Comisión) —bajo el argumento de que se han cometido en varios países latinoamericanos “golpes de Estado parlamentarios” o “golpes de Estado encubiertos”— busca “profundizar los estándares” de los juicios políticos a los jefes de Estados suscriptores de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, entre los cuales se encuentra el Perú. Esto a través de una opinión de la Corte que afectaría a los países del Sistema IDH.

Así, afirma la consulta en su parte considerativa que “26. En atención a lo expuesto, la presente solicitud permitirá a la Corte determinar si en una situación en que en el juicio político se conforma una mayoría parlamentaria (que suele representar dos tercios o de la mitad más uno de los votos) que aprueba la acusación y destitución del Presidente de la República, aduciendo formalmente la configuración de alguna de las causales de índole penal pero encubriendo motivos derivados del cuestionamiento a su gestión o desempeño político, se estaría instrumentando dicho instituto para ejercer una suerte de voto de censura o falta de confianza al máximo líder del gobierno, a pesar de haber sido elegido democráticamente por el pueblo y de que el Congreso carece de esta competencia en un régimen político de tipo presidencial o presidencial “parlamentarizado”, ya que en ellos el Presidente carece de responsabilidad política ante el parlamento. Parte de las preguntas que se formulan a la Honorable Corte procuran obtener una interpretación al respecto, incluyendo el impacto en los derechos políticos tanto desde una dimensión individual como colectiva”.

La consulta más importante que deberá resolver la Corte en su opinión es la última, a saber: “8. ¿Qué salvaguardas deben existir, tanto en la regulación como en la práctica, para prevenir el uso de juicios políticos realizados por el Poder Legislativo contra Presidentes/as democrática y constitucionalmente electos/as, como forma de golpe de Estado encubierto?”

En el Perú, los únicos presidentes constitucionales que pueden ser objeto de un juicio político son el expresidente Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuckzynski. El primero tiene derecho a antejuicio político por hechos punibles durante su gestión hasta cinco años después de terminado su mandato. El segundo, obviamente, porque es el presidente en ejercicio. Ellos serían hoy los únicos beneficiarios de la “profundización de estándares” que reclama en su consulta Eguiguren Praeli. También, jalando la pita, los miembros del TC, cuatro de los cuales ya tienen una denuncia constitucional pendiente en el Congreso de la República por reabrir arbitrariamente el caso El Frontón (Manuel Miranda, Carlos Ramos, Eloy Espinoza y Marianella Ledesma).

Sin duda es este un asunto de grueso calibre dadas las vinculaciones políticas y/o amicales de Eguiguren con Humala, PPK y los cuestionados miembros del TC. En mi opinión, ese es el sentido de maniatar al Congreso.


Etiquetas: , , , , , , ,