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Opinión


21 Abril, 2018.

¡Fuerza y austeridad, ministro Tuesta!

Es digno de gran aplauso que el titular de Economía haya hablado claro, directo y a la vena sobre el dispendio estatal en gastos superfluos, consultorías y contrataciones.

¿El ministro de Economía podrá consagrarse como el rey del gabinete? Esperemos que sí: que pueda vencer todos los naturales excesos del populismo y de la generosidad inicial que caracteriza a los recién llegados. A todos los nuevos les asaltan razonables temores que les hacen preferir un entorno amical.

¿Acaso el ofrecimiento de un bono de 25 millones de incentivo a los gobernadores regionales por cumplimiento presupuestal no resulta un absurdo? No deberían premiarlos por cumplirlo, pues es su obligación. Todo lo demás son incentivos perversos con los cuales estoy en absoluto desacuerdo.

Comprendo que el presidente esté orgulloso de su gabinete provinciano y quiera contar con el apoyo de las cabezas regionales, un escenario que conoce muy bien y que le sirve de indiscutibles credenciales. Hoy, sin embargo, con la complicadísima situación del país –que muy pocos tienen la capacidad de dimensionar– habría que recordarles que la magdalena no está para tafetanes y que el poder viene con responsabilidad. Un óptimo cumplimiento presupuestal es una de sus primeras obligaciones y tratándose de un año electoral y sin posibilidad de reelección… “por sus actos los conoceréis”, como dice el Evangelio. Es momento de mostrar que son capaces de trabajar hasta el último día, solo y exclusivamente en beneficio de su región. Sin premios.

David Tuesta no tiene pelos en la lengua: es digno de gran aplauso que haya hablado claro, directo y a la vena sobre el dispendio estatal en gastos superfluos, consultorías y contrataciones. Hay estudios indispensables, como bien lo destaca Roxana Barrantes (ex protagonista en el MEF) en El Comercio, pero estoy segura de que el ministro no alude a ellos. ¡Él se refiere al descaro a plena vista de todos! La remodelación de la oficina del defensor del Pueblo por más de 84 mil soles, el alquiler del local institucional de la OSCE en cinco millones de soles anuales y, peor aún, las pretensiones de Qali Warma –la columna vertebral de los programas sociales– de mudarse del Agustino a un elegante edificio en Camacho por más de quinientos mil dólares anuales o el pago de 17 millones de soles por parte del Ministerio de Ambiente.

Se festina el dinero público con el pretexto de requerir de mejor (lujosa) infraestructura para dar un óptimo servicio a los ciudadanos. ¡De escándalo! Esa excusa no se la cree nadie… por lo menos agudicen el ingenio. No obstante, tampoco son los únicos: el abuso se da en todas las dependencias estatales. La Contraloría debería implementar una unidad especial para revisar los millonarios contratos de las entidades públicas.

Mucho más eficiente sería que construyeran su propio local en un distrito más económico y poblado o que se inicie un proceso de aglutinación de dependencias estatales en una sola localidad. Ahora mismo es un desorden; hay entidades que funcionan en tres o cuatro inmuebles con el desgaste logístico que ello implica. Cualquier opción es preferible a la actual: arrendamientos indiscriminados, con el agravante de que cada una diseña los términos de referencia a su antojo. ¡Alerta roja, señor ministro!

Hay, afortunadamente, una ejemplar excepción. Socorro Heysen está realizando una extraordinaria labor para generar austeridad en la SBS. Después de la danza de los millones que significó la gestión de Daniel Schydlowsky –el hombre que despachaba desde el avión, con 68 viajes en su haber y un dispendio incalculable en viáticos– la señora Heysen ha puesto orden en la casa aunque esta entidad sea constitucionalmente autónoma y no utilice recursos del tesoro público. Podría afirmar, sin temor a equivocarme, que es la institución que más ha reducido sus viajes. Esto es fácilmente comprobable a través de las resoluciones publicadas en el diario El Peruano. Sería una buena asesora del MEF en este rubro.

¿Sabemos exactamente cuánto nos cuesta cada congresista? ¿Cuánto, cada funcionario público? ¿Como medir la productividad de un legislador? ¿Por la cantidad de proyectos de ley que presenta? ¿Esa inflación legislativa que termina ahogando la actividad privada? La política no debe ser un negocio.

Según información de setiembre del 2017, de los 4.5 millones de trabajadores formales (cuyo porcentaje ha caído en 2.8%), hay 1.5 millones de trabajadores en el sector público. Uno de cada tres trabajadores formales se alimentan directamente del Estado peruano y de nuestros impuestos. El elevado gasto público es nuestro gran pecado original y por eso es tan importante que el ministro Tuesta, que parece tener un norte muy claro, ¡MANDE!

No pueden adoptarse medidas tibias ni cosméticas, llenas de excepciones. Hay que hacer un ajuste drástico en los cargos y en los asesores. Ser austero en la administración gubernamental es un mandato ético del que muy poco conocen los políticos. Le espera ardua tarea, señor ministro; no se deje doblegar. ¡Fuerza!


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