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Opinión


14 Noviembre, 2017.

Fiscalía: ¿investigación secreta, acuerdo secreto?

Para condenar eso da lo mismo ser fujimorista o antifujimorista. Atentos quienes pretenden defender su cuota de poder proclamándose víctimas del fujimorismo.

Efraín Trelles

| Columnista

El reciente encrespamiento que enfrenta a la mayoría del Congreso con la Fiscalía es el comienzo de un contrapunto político que nadie sabe bien a dónde puede conducir. Los hechos y giros de esta historia están por cierto sujetos a múltiple interpretación.

Una primera lectura, visible en el panorama de ciertos conglomerados mediáticos, habla del intento de golpe y advierte un renacimiento del ángulo autoritario del fujimorismo. Llaman a no encubrir la violación del Estado de derecho. Otra lectura cuestiona que magistrados del TC hayan cambiado el voto de un colega o impedido la firma de otro. Callar ante eso, ¿no es acaso encubrir la violación del Estado de derecho?

Hay más: pese a la aparentemente contundente portada de El Comercio afirmando que Odebrecht había financiado campaña de Keiko, ningún otro medio la ha hecho suya. La citan como fuente ajena. Basta ver la portada posterior de La República conminando a que se le pregunte a Barata, para entender que estamos donde estábamos. Pendientes de Barata, que ya negó en una oportunidad haber dado dinero a Keiko pero que deberá responder de nuevo.

¿O sea que estamos sin novedad en el frente? No. Qué ocurrencia. La novedad es que Keiko ha pedido se hagan públicas las declaraciones de Odebrecht y quienes pulsean contra ella parecen oponerse. Al punto que Víctor Andrés García Belaúnde ha adelantado que el Congreso solicitará la copia. Nuevamente el mundo al revés.

Hace bien el Congreso en defender el derecho de los peruanos a conocer el contenido completo de lo que declaró Marcelo Odebrecht. En verdad, los peruanos tenemos derecho a saberlo todo.

Ahogados por el humo de la denuncia en contra, voceros de la Fiscalía han salido a defenderse y al hacerlo han contribuido más a que se les vea el fustán. De pronto los peruanos nos entramos, en medio de un alegato político de un fiscal, que la empresa Graña y Montero sí está siendo investigada. Solamente que se trata de una investigación secreta.

Secreto y todo, debe haber un acta de apertura de la investigación que los fiscales no pueden exhibir.

Y es solo el comienzo. ¿Ya se olvidaron de que hace once meses la Fiscalía anunció haber llegado a un acuerdo con Odebrecht (por irrisorios nueve millones de dólares) cuyo contenido sigue siendo secreto y, peor aún, cuyos frutos no se ven por ningún lado? ¡Casi un año!

Para condenar eso da lo mismo ser fujimorista o antifujimorista. Eso deben pensarlo bien quienes pretenden defender su cuota de poder proclamándose víctimas del fujimorismo.


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