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Opinión


8 Diciembre, 2017.

¡Esto es guerra!

Estamos ante un fuego cruzado entre las fuerzas de oposición, el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público. El final sigue siendo impredecible: lo único concreto es que de las acciones y reacciones de las partes involucradas todos saldrán heridos y perderá el país.

Germán Jiménez Borra

| Columnista invitado

No cabe duda de que el ambiente político, social y judicial está sumamente enrarecido. Por un lado, tenemos a los líderes de los diferentes partidos buscando sacar cuerpo del efecto que puedan tener las declaraciones de los colaboradores eficaces en los procesos penales iniciados por el caso Lava Jato, algo que dudo mucho pueda suceder pues los tentáculos de la mafiosa Odebrecht han empapado —sino salpicado— a toda la clase política peruana. Por otro, tenemos a un fiscal de la nación que ante la amenaza de ser destituido por el Congreso empieza actuar desesperadamente para demostrar que su labor es invaluable en la lucha contra la corrupción.

Finalmente, está el ciudadano de a pie que observa impávido cómo los gerentes de encumbradas empresas están hoy encarcelados, a un Poder Ejecutivo asustado y el resto de instituciones desorientadas ante una crisis moral sin precedentes en nuestra historia.

Detallemos cronológicamente:

  1. El Congreso aprueba 15 días de plazo para investigar al fiscal de la nación, por la denuncia constitucional de “grave omisión funcional en la lucha contra la corrupción”. Esto debido al excesivo tiempo que se estaban tomando los fiscales para sus investigaciones sin ningún resultado objetivo.
  2. A los pocos días, la Fiscalía excluye a Jorge Barata de la investigación por lavado de activos con el fin de que se acoja a la figura de colaborador eficaz.
  3. El mismo día que Barata se acoge a la colaboración eficaz, el juez concepción Carhuancho ordena la prisión preventiva de los gerentes de empresas vinculadas a Odebrecht.
  4. La congresista Yeni Vilcatoma pide la renuncia de PPK por considerar que está seriamente involucrado en el caso Odebrecht.
  5. La comisión Lava Jato aprueba citar a la primera dama Nancy Lange, por aparecer como socia en una empresa vinculada a Odebrecht.
  6. Finalmente, la Fiscalía ordenó el allanamiento de los locales del partido Fuerza Popular como parte de su investigación del delito de lavado de activos.  

Estamos ante un fuego cruzado entre las fuerzas de oposición, el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público. El final sigue siendo impredecible: lo único concreto es que de las acciones y reacciones de las partes involucradas todos saldrán heridos y perderá el país. La población ante estas circunstancias podría terminar oyendo los cánticos de sirenas entonados por aventureros que nos seguirán sumergiendo en el caos.

Mientras tanto, asistimos como atormentados televidentes a este reality.


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