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Opinión


17 Mayo, 2018.

¿Está seguro de que su casa es realmente suya?

El impuesto a la renta de una persona natural a partir de un nivel de ingresos (30%), sumado al IGV de todos los bienes que adquiere (18%), más todas las contribuciones e impuestos que debe pagarse, dan por resultado que haya personas que tributan más de la mitad de su patrimonio, lo cual es anticonstitucional.

Manuel Castañeda

| Columnista invitado

La Constitución reconoce el derecho de toda persona a la propiedad y la herencia (numeral 16 del artículo 2). Otras disposiciones constitucionales se orientan también a la defensa de la propiedad privada: el artículo 21 garantiza la que sea patrimonio cultural de la Nación; el 60 reconoce el pluralismo económico; el 64 garantiza la tenencia y disposición de divisas; los artículos 70 al 73 estatuyen sobre ella reconociendo que la propiedad es inviolable, etc.

Varios tratados suscritos por el Perú recogen también estos principios. Gracias a la propiedad privada las personas y los grupos humanos pueden desarrollar sus capacidades, obtener la seguridad que requieren para su desarrollo, cubrir sus necesidades sin recargar al Estado, y afrontar con mayor éxito las circunstancias siempre cambiantes de la vida. Porque la propiedad privada es fundamental para el desarrollo es que su defensa debiera ser una preocupación esencial del Estado, tanto como una adecuada política de salud, educativa u otra, y ser parte de los discursos, transversal a los planes de desarrollo y políticas públicas.

A pesar de todo lo anterior, en una suerte de esquizofrenia política hay instituciones estatales y políticas, así como normas y actitudes de funcionarios, que atentan directa o indirectamente contra ella. Hasta la fecha el Estado no honra la deuda agraria, obligación que, al menos en forma diminuta, resarciría algo del atroz atropello del velascato cuando arrasó la propiedad agrícola y lanzó al país a la pauperización del campo, a la pérdida de incontables áreas ganadas al desierto con paciente esfuerzo por los hacendados, a la destrucción de incontables bienes culturales, a la pérdida de magnífico ganado reproductor que fue sacrificado para alimento, a la pérdida de equipamiento agrícola por canibalización o no reposición, hasta de una simple pieza.

Este desastre dejó expuesto al país al avance del terrorismo, que probablemente hubiese sido controlado más fácilmente de haber podido los hacendados repelerlo coadyuvando la labor de las fuerzas del orden.

Largo sería el recuento de las amenazas actuales contra la propiedad privada. Con la carga tributaria que soportan los inmuebles, en la práctica casi no existe la propiedad inmueble pues –además del impuesto de alcabala, el impuesto a la renta, el predial y las cargas por arbitrios y serenazgo– el propietario de un inmueble no es sino un inquilino del Estado durante su vida, porque al final de ella habrá pagado al Estado un importe similar o mayor al valor del inmueble. El impuesto a la renta de una persona natural a partir de un nivel de ingresos (30%), sumado al IGV de todos los bienes que adquiere (18%), más todas las contribuciones e impuestos que debe pagar, dan por resultado que haya personas que tributan más de la mitad de su patrimonio, lo cual es anticonstitucional desde que la Carta Política señala que no hay impuesto confiscatorio.

Habría que analizar de qué forma esta situación no estará empujando a ciudadanos a la corrupción y a tratar de obtener ganancias sea como sea, al ver cómo su patrimonio se evapora por la avidez del Estado, sea la del Gobierno Central o los municipios. Y, claro, hay más por decir.


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