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Opinión

El supergolpe de Evo

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¿Algún estudioso o especialista en autogolpes y revoluciones militares podría haber anticipado en profundidad la nueva "técnica" del golpismo latinoamericano?



Evo Morales, presidente de Bolivia, uno de los lideres del llamado Socialismo del Siglo XXI, viene impulsando un ruidoso golpe de Estado para perpetuarse en el poder. Lo ejecuta abiertamente, a vista de los gobiernos del hemisferio y de la Organización de Estados Americanos, cuyo principal compromiso es proteger la frágil institucionalidad democrática en una región severamente afectada por las dictaduras de Venezuela y Nicaragua.

Curzio Malaparte –escritor italiano que en 1931 publicó su famosa obra “Las Técnicas del Golpe de Estado”– se dedicó a analizar con agudeza las diversas maneras de hacerse del poder absoluto: desde el célebre episodio del 18 de Brumario napoleónico de 1799 hasta la Marcha sobre Roma de Benito Mussolini, del 27 de octubre de 1922. Pero ni Malaparte y otros estudiosos del tema, especialistas en autogolpes y revoluciones militares, podrían haber anticipado en profundidad la nueva “técnica” del golpismo latinoamericano: las reelecciones presidenciales, que si bien ya tenían algunos antecedentes importantes, desde los años noventa se incrementaron de modo alarmante.

Evo, aplicado alumno de ese sistema ilegal, ahora pretende dar el supergolpe, zurrándose no solo en la Constitución y leyes bolivianas sino en importantes pronunciamientos internacionales.

El líder cocalero, en efecto, ganó las elecciones del año 2006 dentro del marco normativo de la Carta Fundamental del 2004, que en su artículo 87 precisaba que el periodo presidencial era de cinco años, prohibiendo la reelección inmediata; es decir, lo habilitaba para ejercer el cargo hasta el 2011. Pero un avivado Evo promovió el año 2009 una reforma de la Carta Fundamental para crear el Estado Plurinacional y permitir una reelección inmediata, cambios que fueron consagrados por un referéndum. Sin embargo, hecha la ley, hecha la trampa –como dice un refrán— porque al año siguiente Evo presentó su candidatura para cubrir el periodo presidencial del 2010 al 2015 y luego de ganar  través de una interpretación auténtica (que bien conocemos los peruanos) fue reelecto para el ejercicio comprendido del 2015 al 2020.

De esta forma, Morales extendió su gobierno de cinco años (debió concluir el 2011) a catorce años (debe concluir el 2020). Sin embargo, obsesionado en mantenerse en el cargo, en febrero del 2016 convocó a una consulta popular para que se permita la reelección indefinida. Pero perdió en las urnas: el pueblo le dijo no. Y el mandatario derrotado se presentó a la prensa anunciando respetar a los resultados y hasta sostuvo que tenía pensado poner un restaurante a su salida del Palacio Quemado.

Pero más pudo la ambición, porque en lugar de honrar su palabra, Evo manipuló a una sumisa y desprestigiada sala del Tribunal Constitucional –su brazo político– que se pronunció determinando que ni la Constitución ni el referéndum estaban por encima de los “derechos humanos” consagrados en la Carta de la OEA- Por tanto, lo habilitaron a reelegirse indefinidamente.

Parece una broma, pero es un episodio real, un vergonzoso capítulo del servilismo de los magistrados, al mismo nivel de lo que ocurre en Venezuela y otras dictaduras.

En esas circunstancias, el Secretario General de la OEA remitió la estrafalaria resolución a la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa integrado por prestigiados académicos expertos en Derecho Constitucional, quienes en febrero de este año emitieron un informe categórico en el sentido de que una reelección no tiene ninguna vinculación con los derechos humanos y que, antes bien, limitarla “garantiza la democracia y no equivale a discriminación”. Pero, a pesar de ese contundente informe, Evo Morales ha sido habilitado a postular por su otro brazo político, el Jurado Nacional de Elecciones, burlándose de la población y de los principios básicos del derecho.

Ahora no queda otro camino que nuestros países demanden una reunión urgente del Consejo Permanente de la OEA para examinar el caso y abrir las puertas para aplicar la Carta Democrática; es decir, para separar a Bolivia del organismo hemisferio. No sé si se contará con los votos necesarios para decidirlo, pero lo que si pueden hacer las naciones democráticas es reducir su representación diplomática a nivel de Encargados de Negocios y desconocer la legitimidad del presidente en caso se presente y gane los comicios.

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