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Opinión


1 Septiembre, 2017.

El respeto al TC es imperativo

Puede ser que una derogatoria de la Ley Antitránsfuga aliente fraccionamiento y multiplicación de bancadas como muchos temen. Pero la consecuencia de los congresistas no debería depender de una ley, sino de su madurez y conciencia democrática.

Los congresistas no tendrán mandato imperativo, pero el respeto al Tribunal Constitucional sí es imperativo para todos sin distinción alguna. Parecería que los rebeldes a una sentencia del TC —que habría declarado fundada en parte la demanda contra la norma que impide a los congresistas disidentes formar grupos o integrarse a otros— no han leído la Carta Magna.

Hasta ahora, Fuerza Popular ha defendido la unidad de su poderosa bancada amenazando a sus congresistas con el ostracismo, como sucedió con Yeni Vilcatoma y con Patricia Donayre. El instrumento para ello es el reglamento del Congreso que con fuerza de ley impide que los separados o retirados de sus bancadas tengan la posibilidad de formar nuevos grupos o integrarse a los existentes. Solo les queda deambular como parias sin que nadie los admita.

En esta situación las funciones para las cuales recibieron el voto ciudadano se ven melladas. Y, por supuesto, se ven limitados en su libertad de expresión y en su libre albedrío, violando derechos fundamentales como lo habría considerado el TC.

Para el fondo del asunto no interesa que haya sido Gilbert Violeta quien adelantó en Twitter la decisión que habría tomado la mayoría del pleno del organismo que declara fundada en parte la demanda. Más temprano que tarde el TC oficializará su fallo y lo publicará en “El Peruano”.

La Constitución es clara respecto de la jerarquía de las sentencias del TC. Su artículo 38° determina que “todos los peruanos tienen el deber de… respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación”. Sería un contrasentido que los congresistas pudieran decidir al margen o en contra de ella. Especialmente claro es el artículo 45°: “El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen.

Son esencialmente limitaciones al poder. Todo mandato, imperativo o no, se subordina a la Constitución y se ejerce dentro de lo que ella establece. Si como dice Mauricio Mulder los congresistas no tienen que votar en sentido contrario al de su criterio y conciencia, el Estado de Derecho que obliga a todos sin distinción no existiría. Solo contarían voluntades individuales que podrían desconocer los fines supremos de la nación.

Mulder calificó el fallo de “golpista” por corregir una norma del Congreso. Absurdo razonamiento que niega la labor precisamente vigilante y supervisora de la constitucionalidad asignada al TC, que al declarar la inconstitucionalidad determina la derogación automática de la norma sin esperar a que el Parlamento la modifique o emita una nueva.

Entendible el rechazo del fujimorismo respecto de una sentencia que cambiaría el escenario parlamentario y sobre todo el político en la medida que la bancada de Fuerza Popular avasalladora por números absolutos podría dividirse generando otra bancada kenjista. El keikismo que domina sin contrapesos disminuiría su poder; el desequilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo se relativizaría y nuevos vientos podrían correr para superar el bloqueo y la suma cero que hasta ahora han caracterizado las relaciones dentro del Estado.

Podría ser que con una derogatoria de la Ley Antitránsfuga se aliente el fraccionamiento y la multiplicación de las bancadas como muchos temen. Pero los congresistas no son párvulos de escuela primaria, su consecuencia no debería depender de una ley que posibilita la división sino de su madurez y conciencia democrática.


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