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Opinión


10 Mayo, 2018.

El “juez” San Martín, el “fiscal” Guillén y el jardín de los tesoros

"Sería terrible que se dé una suerte de pacto entre el juez con alguna de las partes; el juez no puede tener ningún pacto ni con el fiscal ni con la defensa". Duberlí Rodríguez

A propósito del caso Humala-Heredia, el presidente del Poder Judicial se ha pronunciado sobre lo que debería ser la conducta de cualquier juez en un debido proceso. Ha dicho Duberlí Rodríguez: “Sería terrible que se dé una suerte de pacto entre el juez con alguna de las partes, el juez no puede tener ningún pacto ni con el fiscal ni con la defensa, es un tercero imparcial que no tiene que estar contaminado con ningún interés subalterno”.

Esto se contrapone a las declaraciones del exfiscal Avelino Guillén –convertido en tótem y oráculo caviar de la “lucha anticorrupción”– quien ha resaltado la sintonía jurídica entre el fiscal Juárez Atoche y el juez Concepción Carhuancho a la hora de solicitar y dictar las controvertidas medidas cautelares que han impresionado a la opinión pública.

No es de extrañar la opinión de Avelino Guillén, contradictoria a la de Duberlí Rodríguez, teniendo en cuenta la actuación del juez San Martín y de la fiscalía de la que Guillén formó parte en el juicio al hoy indultado Alberto Fujimori. Porque aquí precisamente se reveló de la manera más explícita posible la parcialidad del juez de la causa a favor de la fiscalía, que condena tajantemente como “terrible” el hoy presidente del Poder Judicial.

En efecto, en una serie de mails que se hicieron públicos mucho después del juicio a Fujimori, el juez San Martín, sosteniendo una conversación epistolar con el abogado Gonzalo Del Río Labarthe –el mismo que asesoró a PPK de cara a la segunda moción de vacancia que precipitó la renuncia del expresidente– se mostraba literalmente con “dudas” por la estrategia de la fiscalía conducida por Peláez y Guillén. Las “dudas” de San Martín se debían a que no estaba asegurada la idoneidad de la acusación fiscal y, bajo esa premisa, le consultaba a Del Río sobre las teorías de la autoría mediata y del dominio del hecho por las que finalmente fue condenado Fujimori por San Martín.

En otras palabras, San Martín había tomado partido por la fiscalía rompiendo la imparcialidad que se le exige a un juez, tan es así que mostraba sus “dudas” por el chapucero trabajo de Guillén y Peláez como si él, en tanto juez de la causa, pudiera permitirse esa “preocupación”. O sea que del juicio “impecable” y “ejemplar” que cacarea Vargas Llosa en el extranjero y los caviares aquí en el Perú… NADA.

Otra de las iniquidades fiscales y judiciales fue la que padeció Keiko Fujimori a la caída de su padre. Se trataba entonces de encontrar un “tesoro” en lingotes de oro del Banco Central de Reserva que se suponía había “extraído” y “escondido” Fujimori. Así como lo escucha: misma novela de H. Rider Haggard o Robert Louis Stevenson. De más está decir que el famoso “robo” de las barras de oro no fue más que una patraña cuyo objeto no era otro que alimentar la leyenda negra del régimen caído –lo que no significa no reconocer las propias iniquidades de ese período– porque nunca hubo desaparición de ninguna barra de oro. Eso, sin embargo, no fue obstáculo para que fiscales, procuradores y jueces irrumpieran en el hogar que ocupaba entonces la señora Fujimori, con prensa incluida, para escudriñar con sofisticados aparatos los jardines de la residencia y, lampa y pico en mano, dejar un cráter en busca del “tesoro”.

De más está decir que no se encontró más que raíces, caracoles y gusanos. Pero lo que sí no está de más decir es que, luego de 18 años de caído su gobierno –y con todos los mecanismos internacionales de cooperación fiscal y judicial activados–, a Alberto Fujimori nunca se le encontró en todo el mundo ninguna cuenta con dinero malhabido ni propia ni relacionada con él.

No por nada “desapareció” el millonario Informe Kroll –contratado por los enemigos de Fujimori– que se suponía iba a revelar la existencia de todos los “tesoros” ocultos del Chino.


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