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Opinión


5 Mayo, 2018.

El financiamiento de las campañas

La consigna preventiva debe ser impedir que todo dinero de procedencia dudosa o criminal contamine la política y la elección de presidentes y representantes. Para ello hay que equilibrar el acceso a los recursos, y hacer transparente el sustento económico de partidos y candidatos.

La búsqueda de fondos es una tarea principal de los partidos o de los candidatos para hacer frente a las exigencias de la publicidad comercial. Sabemos que solo llega a un cargo de elección quien tiene medios económicos. El ciudadano íntegro, honesto, capaz y con voluntad para hacer algo por nuestro país está marginado si no tiene el dinero para hacer campaña.

A imagen y semejanza de los procesos electorales norteamericanos, estamos en medio de la democracia del dólar. Y de la corrupción totalmente ligada a este ejemplo. Todo porque existen dos modelos o sistemas: financiamiento privado ilimitado o limitado al remplazarlo, en todo o en parte, por contribuciones estatales con regulación estricta. En Estados Unidos el financiamiento privado es atractivo para todos los candidatos: una verdadera industria electoral se activa a partir de las donaciones privadas. Y nada impide a los particulares y a las corporaciones hacer donaciones a los comités de acción política.

En Francia vemos el segundo modelo en el que el financiamiento público es protagónico; los fondos privados son estrictamente limitados (ni personas jurídicas ni extranjeros pueden contribuir). Todo ciudadano puede hacer donaciones a los partidos políticos o a los candidatos, que son deducibles de impuestos. Tratan de favorecer el financiamiento ciudadano y no el corporativo; más aún, impulsan el financiamiento público compuesto de varios rubros que pueden ser reembolsados por el Estado. Los candidatos oficiales tienen derecho a una suma global de reembolso de los gastos de campaña bajo ciertas condiciones; solo tienen derecho a ello los candidatos que obtuvieron 5% del total de los votos válidos.

El financiamiento, público o privado, está sujeto a una regulación estricta cuyo principal objetivo es “la transparencia de la vida política”. La regulación busca favorecer la igualdad entre los candidatos, la prevención de la corrupción y de la privatización de la elección, así como el mantenimiento de la independencia en los poderes del Estado.

La reforma electoral sigue en el debate. Muerte civil para los que no declaren el financiamiento electoral y su uso es una de las propuestas del premier Villanueva. Puede ser eficaz para disuadir y enfrentar la ola de corrupción ligada al dinero recibido para las campañas. Sin embargo, la reforma electoral debería lograr consenso parlamentario desde que es el tema central. No está en juego solo la corrupción, también la representatividad y la confianza en la democracia, en los gobernantes y en las instituciones.

La consigna preventiva debe ser impedir que todo dinero de procedencia dudosa o criminal contamine la política y la elección de presidentes y representantes. Para ello hay que equilibrar el acceso a los recursos, y hacer transparente el sustento económico de partidos y candidatos. Esperemos.


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