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Opinión


1 Noviembre, 2017.

El debate está abierto

Es hora de discutir con ideas cómo debemos enfrentar una situación que nos afecta a todos. Aquí nadie tiene la verdad absoluta.

El debate sobre la reimplantación de la pena de muerte debe darse en un plano alejado de la demagogia, del oportunismo político, de los insultos o de la descalificación a priori de quienes intentan de buena fe (poniendo en el tapete esta medida) combatir los execrables crímenes contra seres inocentes o de una supuesta supremacía moral de quienes no creen que la pena de muerte sea un castigo apropiado para los criminales.

Si bien la pena de muerte colisiona con los tratados internacionales suscritos por el Perú, en materia legal nada —nada— está escrito en piedra. Las normas de los países cambian, las situaciones no son inmutables: lo que antes fue considerado apropiado puede que hoy ya no lo sea. Finalmente cada sociedad es dueña de su futuro y si considera —luego de una serena y objetiva evaluación y discusión— que más importante es retirarse de un tratado que impide una determinada pena contra delitos que considera inaceptables, pues no es el fin del mundo. Se denuncia el convenio y se retira uno de este.

Hoy nuestro país vive una inusual ola de violencia contra seres indefensos; horrorizados asistimos a una situación que solo se va incrementando y las penas que contempla nuestra legislación están muy lejos de constituir un desincentivo o castigo para esas repudiables conductas. Ante ello, es lógico y razonable que la ciudadanía piense en medidas radicales y efectivas orientadas a acabar con la vida de sujetos cuando no hay la menor duda de la comisión del delito.

Argumentos históricos, éticos, legales y hasta religiosos hay a favor de la pena de muerte. Juan Jacobo Rousseau nos dice que no podemos respetar el derecho a la vida de quien no respeta la vida del otro; ese sujeto ha roto el contrato social y por tanto debe quedar desamparado de la protección que la sociedad debe brindarle. Desde una óptica cristiana Santo Tomás de Aquino señala que es lícito imponer la pena de muerte en virtud de la salud del cuerpo social, a la manera de como es lícito a un médico amputar un miembro podrido para la salud del cuerpo, y agrega que la pena de muerte no debe ser vista como una forma de venganza. Se trata de un apropiado método de prevención y disuasión necesario para preservar el orden.

Jacques Légare, por su parte, nos habla de la legítima defensa de una sociedad que aplicando la pena de muerte hace justicia con un sujeto que acaba con la vida de alguien (agrego: y contra quien comete un execrable crimen como lo es la violación de una criatura). Esta teoría se basa en la idea que la víctima no ha podido ejercer su derecho a la legítima defensa, siendo el Estado el que lo hace por él.

El debate está abierto y los abolicionistas también tienen sus argumentos. Es hora de debatir y discutir con ideas cómo debemos enfrentar una situación que nos afecta a todos. Aquí nadie tiene la verdad absoluta.


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