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Opinión


3 Marzo, 2018.

El colapso y la reserva moral

Al comenzar el siglo XXI, cuando cayó el fujimorismo, nos tocaba una refundación política que lamentablemente no hicimos.

El colapso social de algunas naciones por ausencia ética es tan insostenible como un cataclismo que lo destruye todo. Pasó el vendaval Barata y como habíamos previsto ha dejado barro y destrucción a su paso. No física pero sí moral, mucho más difícil de construir y reconstruir.

Desconfianza, desconcierto y desencanto son las señales de los Estados fallidos, aquellos que no pueden dar a sus sociedades la seguridad, la defensa del derecho a la vida y la atención a sus necesidades elementales. Eso sucede cuando la corrupción generalizada se apropia de los recursos colectivos que van a parar a bolsillos privados. Por eso es un flagelo social que debemos combatir hasta eliminar, y solo se logrará si alejamos la indiferencia ante la impunidad que como inercia tóxica se ha apoderado de nuestro país.

La situación es complicada: enfrentamos una megacorrupción descubierta desde el extranjero, que pone a prueba la capacidad de nuestro Estado para investigar y sancionar a los culpables. Muchos ojos están puestos sobre nuestras instituciones, las que deben estar a la altura del desafío.

La clase política ha sido tocada incluyendo a nuestro presidente en ejercicio, lo que abunda en su gravedad. Jorge Barata ha ampliado el espectro aludiendo a la segunda fila,dejando a los beneficiarios directos con la posibilidad de negar la recepción del dinero que Odebrecht repartía sin bancarizar y de manera oscura (como para que no quedara dudas de que los aportes venían de fuente ilícita). La coima no da recibos y lo sabemos, pero se trata de aportes a campañas electorales que bien podrían ser simples faltas administrativas, precoimas o adelantos en caso llegaran al poder. Salvo, por supuesto, en el caso agravado de Susana Villarán. Ella habría sido la única que presuntamente recibió aportes en ejercicio del poder ya elegido.

Es la segunda vez que nuestra sociedad está ante ese desencanto al ver a sus autoridades cobrar un precio. Lo fue cuando cayó el fujimorismo y los vladivideos exhibieron a la clase política apoyando al gobernante a cambio de un monto pagado puntualmente en la salita del SIN por el súper asesor Vladimiro Montesinos. Lo es ahora cuando dineros extranjeros compran voluntades nacionales en beneficio de una empresa megacorruptora. Antes fueron los dineros del Estado; hoy son las arcas privadas las que irrigan la corrupción.

En ambos casos nos dejaron la misma pena y decepción por una clase política y empresarial que se vende. La misma incertidumbre por el futuro y la misma vergüenza por el espectáculo que estamos dando ante el mundo. Corresponde a nuestros jueces y fiscales dar pruebas de integridad y de capacidad para desterrar la impunidad. No se trata de jugar a afirmaciones y negaciones, sino de investigar y aportar pruebas. No puede ser mi palabra contra la tuya.

Pero, sobre todo, corresponde a una reserva moral política —que todavía no muestra su rostro— reconstruir la confianza para seguir adelante. Al comenzar el siglo XXI, cuando cayó el fujimorismo, nos tocaba una refundación política que lamentablemente no hicimos. Tal vez este sismo nos sirva para hacer de la debacle una oportunidad; para que resurja el espíritu republicano con instituciones que dejen atrás las inercias y las complicidades culposas en el camino de recuperar la esperanza.

En toda nación es el gobierno el que debe dar las pautas del buen comportamiento social, descartar el “mal ejemplo”, imponer las leyes, rechazar la complicidad y el encubrimiento de los delitos políticos y económicos. No podemos perder el sentido ético de la conducta política: necesitamos virtuosos que se impongan sobre los que contaminan la vida social. Es este un mensaje para Palacio de Gobierno.

 


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