Connect with us

Opinión

El caso Keiko

Publicado

el

Es inadmisible que el juez natural de la casación sea reemplazado por un estado nuevo de cosas no previstas en la ley, y que se produce en este caso debido al nombre propio de la señora Fujimori. 



Keiko Fujimori lleva encarcelada seis meses con prisión preventiva dispuesta por 36 meses. Su defensa siguió todos los recursos que prevé la ley para que tal arraigo considerado abusivo por muchos juristas y constitucionalistas sea revertido. Finalmente, el caso de su prisión preventiva llegó a la Corte Suprema mediante un recurso de casación que fue aceptado a consideración y programó audiencia.

Sin embargo, los fiscales del Equipo Especial Lava Jato –responsable de solicitar esos tres años de prisión preventiva sin acusación fiscal para investigarla tras las rejas–, haciendo tábula rasa de sentencias del Tribunal Constitucional y otra casación de la Corte Suprema (además de las sentencias de la CIDH), ha solicitado que la casación no sea vista por el juez natural como manda el debido proceso, sino que se haga a través de cinco jueces. Todo ello sin ningún argumento legal que lo ampare más que el de declarar que sería muy peligroso para el caso que la casación salga a favor de la señora Fujimori y ella quede en libertad.

La fiscal de la Nación Zoraida Ávalos acaba de hacer suya mediante un comunicado dicha pretensión de los fiscales, pese a que ya había sido programada una Sala Plena para ver los casos genéricos de la casación (precisamente por los excesos o abusos que se vienen cometiendo).

Lo acontecido revela más que nunca el hecho de que existe una injerencia ajena al derecho procesal y que acusa un sesgo de la Fiscalía contra determinados actores políticos, como en este caso concreto la señora Fujimori. No se puede afirmar sin pruebas que hay una intromisión política, pero sí que el Estado de derecho no está siendo respetado por quienes tienen la alta responsabilidad de administrarlo.

No se puede hacer excepciones de ninguna índole en función de las personas o por la ocupación que tienen, en este caso de liderazgo político. Es, entonces, imperativo que se garantice el derecho de cualquier ciudadano al debido proceso, pues ese es el pilar de un país civilizado y tal fue el argumento que se esgrimió para descartar cualquier quiebre de la democracia, a saber: que los afectados por las prisiones preventivas tienen todas las prerrogativas legales para revertir las decisiones judiciales dentro del sistema. Ese argumento es el que en el caso de Keiko Fujimori está haciéndose polvo por la solicitud de un grupo de fiscales empoderados como si fueran dioses para cambiar las reglas de juego cuando a ellos les dé la gana, al amparo de un grupo mediático muy bien organizado.

Nadie puede predecir cuál sería la decisión del juez natural que según el debido proceso debe ver la casación de Keiko Fujimori. Cualquiera sea esta debería respetarse, y de no ser positiva acudir a la vía del Tribunal Constitucional. Lo que sí es inadmisible es que ese juez natural sea reemplazado por un estado nuevo de cosas no previstas en la ley, y que se produce en este caso en función del nombre propio de la señora Fujimori.

Foto: RPP

Seguir leyendo
Click para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Opinión

Montenegro es como es

Seguir leyendo

Opinión

Ignorancia

Seguir leyendo

Opinión

#EXCLUSIVO: Un nuevo “planeta” en la constelación del chuponeo

Seguir leyendo

Tendencias

Director: Ricardo Vásquez Kunze.


Contacto: info@politico.pe

Copyright © 2019 Todos los derechos reservados a favor de Político.pe. Aviso Legal. Desarrollado por Smart! Grupo Creativo