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Opinión


2 Octubre, 2018.

El caso Hinostroza y el Congreso

El principio constitucional que rige entonces tanto en la Comisión Permanente como en un juzgado es el mismo: ”Ante la duda, abstente”. Es decir, si hay una duda razonable para la Comisión Permanente: “No acuses”. Si hay una duda razonable en el tribunal de justicia: “No condenes”.

La Comisión Permanente ha propuesto la inhabilitación por diez años y la destitución del juez supremo César Hinostroza Pariachi por el caso conocido como “Los cuellos blancos del puerto”. Sin embargo, la misma comisión no ha considerado procedente acusar al juez como cabecilla e integrante de esa banda criminal. Los congresistas han tomado esa decisión pese a toda la chilla de la prensa y de políticos que lo único que les interesa es llevar agua para su molino y subirse a la ola de la indignación pública, cosechada durante más de tres meses por la misma prensa, a veces con razón y otras sin ninguna.

El principal argumento a favor de que a Hinostroza le sea levantado el fuero para ser acusado por la fiscalía como cabecilla de la banda es que ello “es evidente” de acuerdo con los audios. Pues no. No es evidente. El editorial del diario El Comercio resume precisamente la inconsistencia de la acusación específica diciendo: “Si bien los congresistas pudieron haber tenido cuestionamientos a los indicios detrás de estas denuncias, como ha indicado la vocera de FP, Úrsula Letona, frente a las dudas abrir las puertas a una investigación judicial hubiera sido el camino más idóneo a seguir”.

Sin embargo, la conclusión de El Comercio –que recoge el argumento de todos aquellos que consideran que la Comisión Permanente debió recomendar que a Hinostroza le sea levantado el fuero por ser cabecilla de una organización criminal– es absolutamente inatingente respecto de las premisas enunciadas, a saber: que “frente a las dudas, abrir las puertas a una investigación judicial hubiera sido el camino más idóneo a seguir.” Precisamente es todo lo contrario.

Existe un consenso de casi todas las fuerzas políticas y de la mayoría de juristas de que el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no ha podido presentar con solidez el caso de que Hinostroza sea el cabecilla de una organización criminal. Así, el informe cuyo ponente fue el congresista de Nuevo Perú, el señor Oracio Pacori, ofrece –como dice El Comercio– una duda razonable sobre que Hinostroza no sea cabecilla de ninguna banda.

En este caso, la función de la Comisión Permanente –a pedido de la fiscalía– es acusar a los altos dignatarios de la República y proponer el levantamiento del fuero para que el Poder Judicial juzgue. Así las cosas, como dice igualmente El Comercio, lo que hace la Comisión Permanente es un pre-juicio. No por nada se deben seguir todos los procedimientos y garantías de un debido proceso, tal cual sucede en la judicatura.

Entonces, el principio constitucional que rige tanto en la Comisión Permanente como en un juzgado es el mismo: “Ante la duda, abstente”. Es decir, si hay una duda razonable para la Comisión Permanente: “No acuses”. Si hay una duda razonable en el tribunal de justicia: “No condenes”. Para cualquier estudiante del primer año de derecho esto se resume en el principio universal indubio pro reo.

De tal modo que no es como dicen los que cuestionan la decisión de la Comisión Permanente que de existir dudas sobre si el cabecilla de “Los cuellos blancos del puerto” era Hinostroza, “abrir las puertas a una investigación judicial hubiera sido el camino más idóneo a seguir”. El camino más idóneo que manda la lógica, el estado de Derecho y los principios que lo rigen es que si existen dudas no se debe acusar a nadie.

Un congresista del partido oficial que votó primero a favor de que Hinostroza NO sea acusado como cabecilla de una organización criminal y que luego cambió su voto para que SÍ lo sea ha dicho que quienes votaron porque el juez no vaya a juicio por ese delito específico han cometido “un error político gravísimo”. La acción primera y posterior afirmación de ese congresista demuestra palmariamente cómo el sentido de justicia se ha pervertido en el Perú, cómo la justicia obedece a los vaivenes de la opinión pública y cómo la Ley, la Constitución y el Derecho se han esfumado frente a la política, tal cual afirma el congresista del partido oficial.


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