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Opinión


28 Enero, 2018.

El alegato (¡político!) del defensor

Walter Gutiérrez reconoce que el Ministerio de Justicia no le ha proporcionado el informe médico, pieza fundamental para pronunciarse sobre el tema, ¡pero igual se pronuncia!

Invitado

| Columnista invitado

Luego de leer el informe de la Defensoría del Pueblo que se opone al indulto concedido al expresidente Alberto Fujimori, no puedo menos que pensar que el defensor del Pueblo quiere hacer una carrera política desde su cargo. Hace un diagnóstico del marco legal para concluir en un alegato político que ya hemos oído de todos los que se oponen a la citada medida desde una legítima posición independiente o partidaria (que no es obviamente el caso del referido funcionario público).

Reconoce que el Ministerio de Justicia no le ha proporcionado el informe médico, pieza fundamental para pronunciarse sobre el tema, ¡pero igual se pronuncia! Reconoce que el indulto y la gracia presidencial son atribuciones casi absolutas, de carácter totalmente discrecional y hasta monárquico, y que —nos guste o no— están contempladas en nuestra Constitución. Sin embargo, afirma que esta discrecionalidad solo puede ser interpretada para no conceder el beneficio y nunca para concederlo, lo cual carece de lógica.

Reconoce también que no hay una ley de desarrollo constitucional para las figuras del indulto y de la gracia presidencial, que solo hay normas de menor rango y jerarquía: pese a ello, sostiene que esas normas pueden (en la práctica y a criterio de la Defensoría) coartar el libérrimo derecho constitucional del presidente de otorgar el indulto y el derecho de gracia. Cita jurisprudencia del TC, pero no nos dice qué instrumento jurídico puede oponerse a los derechos constitucionales otorgados por el presidente. En fin: una serie de premisas que no guardan relación con las conclusiones.

En el aspecto netamente político, nos dice el defensor del Pueblo que el derecho al indulto y la gracia importa un verdadero perdón y reconciliación del beneficiado. Todos hemos apreciado como el expresidente ha pedido perdón de manera pública por sus actos… otra cosa es que ese perdón no sea del agrado o no satisfaga al defensor.

Finalmente, lo más grave es aquella prohibición para que Fujimori no haga actos políticos. No encontramos ningún sustento jurídico, político o de cualquier índole para que a una institución cuya función es la de defender al pueblo se le ocurra que una persona —que forma parte del pueblo, nos guste o no y que tiene todos sus derechos expeditos para actuar en la sociedad— no pueda ejercer su derecho a hacer política. Es, pues, un pronunciamiento político por donde se le mire: indudablemente excede las funciones propias del cargo del señor Gutiérrez y, apresurada y coincidentemente, se emite a muy pocos días de que la justicia supranacional se ocupe de este tema.


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