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Opinión


5 Octubre, 2017.

¿Dónde está la Sunat amigable?

Hay muchas reformas pendientes en nuestro sistema fiscal, pero debemos empezar por los temas estructurales: cambiar los draconianos preceptos del Código Tributario, fomentar racionalidad y objetividad en los funcionarios (vale decir, discrecionalidad cero) y promover una cultura contributiva en la sociedad.

¿Dónde está la Sunat amigable? ¿Dónde está esa maquinita de eficiencia recaudadora y de equidad  que ofrecieron en campaña Alfredo Thorne y el propio presidente Kuczynski, aquella que se quitaría su maléfica careta y humanizaría sus relaciones con el contribuyente dejando de lado las arbitrariedades y la recaudación forzadal, aquella piadosa frente a la eventual quiebra de un negocio, que daría facilidades ganándose en el moroso a su mejor aliado y un apóstol convencido de sus bondades?

Lo siento, señor lector: para llegar a esa Sunat hay un larguísimo camino por recorrer. Es un aparato muy difícil de aligerar, a pesar del profesionalismo y de las muy buenas intenciones del superintendente. Como dijo nuestro exministro de economía Alonso Segura en un evento de ESAN: “El tema es que si no le tenemos miedo a la Sunat, en este país no pagamos impuestos”. Hay que aprender a manejar las frustraciones y a tratar las promesas electorales como lo que son; juramentos sin valor, no sujetos a cumplimiento, productos del fervor popular, música para el oído de los incautos electores… salvo un milagro de octubre.

Durante la campaña, en diversas oportunidades se alzaron voces autorizadas para destacar que unos pocos puntos menos en el IGV o IR no iban a determinar que aquellos que hoy pagan “cero” empiecen a asumir los costos de entrar al sistema.  Primero, porque en el Perú la informalidad es muy cómoda y, para efectos prácticos, esta “permitida” y luego porque no hay incentivos reales para formalizarse. Hay una inmensa economía de menudeo, de efectivo, de rentabilidad marginal que no tiene la capacidad —ni económica ni logística— para enfrentarse a la pesada carga de la burocracia y la permisología. Les resulta un mundo desconocido y prefieren vivir de espaldas a él.

Además, a la gente no le gusta pagar impuestos, más aún si los fondos públicos (conformados en un 75%  por recaudación tributaria) son destinados a elefantes blancos como Talara o el Gasoducto.  En nuestro país la evasión no se considera inmoral: no es un pecado sino un simple delito, y hay quienes prefieren jugársela

Y hoy, desafortunadamente, asistimos a una fuerte caída en la recaudación. Se ha erosionado. La ministra Cooper ha declarado que el nuevo RUS no ha sido un cambio positivo para generar más formalización sino todo lo contrario.

Hay casos cuyo manejo es clamoroso, y que se han politizado para ejercer presión en las autoridades y la opinión pública. En efecto, según el superintendente veinte grandes empresas le deben al país siete mil millones de soles en impuestos desde hace muchísimos años, destacando que nuestro sistema normativo ofrece incentivos para litigar y contradecir el pago cuando lo importante sería más bien tener un sistema ágil de resolución de controversias. Lo que también debió decir es que esa inmensa deuda está constituida en un 80% por intereses y multas, que es de muy antigua data y que no se trata de impuestos omitidos sino de la incapacidad de los contribuyentes de producir documentos probatorios caprichosamente exigidos por la Administración.

Su propio procurador, el doctor José Escalante, señaló en entrevista concedida en julio pasado al Semanario Sucesos que “el grueso de la deuda es consecuencia de fiscalizaciones practicadas en los ejercicios 2000 y 2001 y se refiere a falta de documentos que muchas veces es imposible producir por la naturaleza de la operación”. Y es que un agente de la Administración Tributaria puede convertirse en un ciberinterlocutor, programado para identificar o inventar reparos y generar créditos a favor del Estado, a cualquier costo y sin ninguna racionalidad.

Por otro lado, es conocido que el Tribunal Fiscal o el Poder Judicial cuando se trata de la vía contencioso-administrativa puede demorar diez años o más para resolver un expediente, por lo que la celeridad del sistema cojea por el lado del Estado; en especial, cuando se trata de un tema veleidoso o de dudosa interpretación. También se sabe que el in dubio pro contribuyente es un principio de nula aplicación, porque a los vocales les tiembla la mano cuando se trata de avalar decisiones que impliquen “quitarle” recursos al fisco, aún más en escenarios de baja recaudación. En otras palabras, prefieren cuidar su trabajo que aplicar la ley con rigor.

Hay muchas reformas pendientes en nuestro sistema fiscal, pero debemos empezar por los temas estructurales: cambiar los draconianos preceptos del Código Tributario, fomentar racionalidad y objetividad en los funcionarios (vale decir, discrecionalidad cero) y promover una cultura contributiva en la sociedad. ¡Si lo lograse, señor Shiguiyama, haría una gran diferencia!


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