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Opinión

De los barones a los hampones del azúcar

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Mientras nos concentramos en el desastre y los escándalos de corrupción, Lambayeque es un territorio liberado al hampa y a empresarios inescrupulosos.



Es increíble que mientras todos los ojos de la opinión pública se concentran en el desastre causado por El Niño Costero y los escándalos de corrupción por parte de empresas brasileras ligadas al presidente Lula y al Foro de Sao Paulo (matriz ideológica de la izquierda latinoamericana post caída del Muro de Berlín), el fiscal de la nación Pedro Sánchez y el presidente de la Corte Suprema Duberlí Rodríguez (exdiputado por UNIR Patria Roja) se llenen la boca diciendo que sus instituciones han cambiado y que existe mayor profesionalismo a pesar de la escasez de recursos (por falta de transferencia adecuadas del MEF).

Ellos mismos condonan el comportamiento de jueces y fiscales que a todas luces son corruptos.

Un claro ejemplo es lo que sucede desde hace décadas en el departamento de Lambayeque, especialmente en las zonas donde se encuentran las cooperativas azucareras (exhaciendas), hoy territorios liberados al hampa y a empresarios inescrupulosos (alguno de ellos ligados al narcotráfico, como saldrá a la luz en las próximas semanas). La protección patrimonial es el origen de toda la corruptela que ha venido a continuación, en detrimento de los trabajadores y pobladores de las azucareras. Lo que se pensó que era un bien resultó una tragedia pues estos maleantes (con muy buena relación con los medios de comunicación local y nacional mediante grandes pautas publicitarias) se han aprovechado del beneficio otorgado por la Ley del Congreso.

Tomemos el ejemplo de la Empresa Agroindustrial TUMÁN S.A.A., una empresa privada que se ubica en el distrito de Tumán, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. Desde hace más de dos años se vienen dictando administraciones judiciales por juzgados FUERA de ese distrito, provincia y departamento, es decir juzgados que no deberían pronunciarse. Ejemplos:

a) Expediente 004-2015. Juez de Rodríguez de Mendoza-provincia en departamento de Amazonas. Amparo

b) Expediente 208-2015. Juez de José Leonardo Ortiz- Provincia de Chiclayo. Amparo

c) Expediente 114-2016. Juez de Ferreñafe- Provincia de Lambayeque. Amparo

d) Expediente 018-2017. Juzgado de Bongará- Provincia de Amazonas. Obligación de dar

e) Expediente El Agustino-Distrito y Provincia de Lima. Amparo

f) Expediente Pedro Ruiz-Provincia de Amazonas, Hábeas Corpus (el más reciente)

En el último caso listado, el juez de Pedro Ruiz Gallo, Walter Orlando Castillo Fernández, en el expediente N° 055-2017-JPL-PRG ha dictado vía proceso de hábeas corpus “suspender provisionalmente cualquier acto procesal tendiente a alterar el estado actual en que se encuentra la administración de la empresa Agroindustrial Tumán S.A.A.” y precisando “oficiar a la Policía Nacional a afectos que bajo responsabilidad se abstenga brindar cualquier tipo de garantía que se solicite en las resoluciones materia de cuestionamiento, esto en las resoluciones recaídas en los expedientes N° 4993-2009-73-1706-JR-CI-01, (…), Expediente N° 4430-2001, (…)”.

Esto es una grave intromisión en la ejecución de sentencias con autoridad de cosa juzgada. Precisamente, en los expedientes N° 4430-2001 y N° 4993-2001, existen sentencias firmes. Y justamente en su ejecución se ha dispuesto instalar administraciones de la empresa Tumán. Sin embargo, el juez de Pedro Ruiz está literalmente “suspendiendo” la ejecución de la cosa juzgada, lo cual está totalmente prohibido máxime si ello es improcedente a través de un proceso de hábeas corpus.

Pero, además, lo extraño y grave es que en la resolución N° 01 de fecha 07 de abril de 2017, no expone ningún fundamento fáctico y jurídico para ordenar la suspensión antes indicada. Esto hace la decisión nula per se, pues no se respeta la garantía del debido proceso ni la exigencia de la motivación de las resoluciones judiciales.

Lo más grave es que por resolución N° 02 de fecha 12 de abril de 2017 ha resuelto, a través de un decreto, reestablecer como administradores judiciales de la empresa Tumán a los señores Alejandro Zevallos Gonzales y Leoncio Egúsquiza Sánchez. Es totalmente ilegal que a través de un hábeas corpus se haya nombrado administradores judiciales.

En este caso, el juez está distorsionando la naturaleza misma del proceso constitucional de hábeas corpus.

Como se aprecia en el listado anterior, en más de una ocasión, los demandantes buscan “jueces ad hoc” que accedan a sus ilegales pretensiones, distorsionando las garantías del debido proceso. Repetimos: es imposible jurídicamente que se utilice al proceso de hábeas corpus para suspender la ejecución de sentencias firmes y menos aún nombrar administradores judiciales: peor si tales decisiones judiciales no tienen motivación jurídica. Además, todos los procesos constitucionales con el mismo fin (establecer una administración judicial ad hoc) han sido rechazados, al percatarse del fraude proceso.

¿Qué dirá sobre esto el discreto don Pedro Sánchez, Fiscal de la Nación y el mediático Duberly Rodríguez, presidente de la Corte Suprema? ¿Qué dirán los procuradores del Estado puesto que estas cooperativas deben impuestos, beneficios sociales, a Essalud, al ONP y Fondos de Pensiones, préstamos a COFIDE, etc.? ¿Dónde y cuándo escucharemos a la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, ordenar a la procuradora del Estado que intervenga? Mientras tanto, la población seguirá viviendo desamparada y con miedo.

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