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De la justicia a la política

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No siempre las respuestas bajo presión social, mediática o política son las adecuadas. Está en juego la tentación de protagonismo de algunos jueces, fiscales y procuradores desde un prestigio que puede ser temporal pero muy útil para ingresar exitosamente a la política.



Hasta el concepto de política está en entredicho después del mensaje en que Alberto Fujimori pide perdón a su hija encarcelada por el daño que esta le ha producido. No tiene razón: la política bien entendida y mejor ejercida es una actividad digna y de servicio que persigue el bienestar colectivo. Solo aquella que persigue el poder por sí mismo aparece contaminada con las ambiciones desenfrenadas, el dinero y las prebendas que la emparentan con la delincuencia y la inmoralidad que hacen daño.

La impunidad de los grandes está en esta línea de toxicidad social. No la soportamos y con el presente megaescándalo estamos viendo saltar todas las alarmas. La indignación es general y el clamor es la lucha contra la corrupción ubicua. Por eso ahora tenemos la judicialización de la política o la política judicializada, con un fuerte impacto social al punto que para nadie está permitido ignorar la variable judicial. Ella nos lleva al extremo de ver la impartición de la justicia como instrumento político. Y a nadie extraña que cundan temores que motivan ataques y defensas, como viene sucediendo con el fiscal de la Nación Pedro Chávarry.

Una noción básica en democracia es imponer controles jurídicos al poder político en defensa de los derechos y libertades, pero esta solo funciona si se gobierna en forma democrática, si el Ejecutivo elegido no perturba las funciones legislativas ni las judiciales. El estado de Derecho obliga al gobierno a respetar las reglas básicas del juego. La idea es que jueces ilustrados y abiertos a la deliberación racional contengan o limiten los impulsos autoritarios de los políticos que integran los demás poderes del Estado.

Pero el protagonismo de jueces y fiscales que apuestan a las primeras planas un día sí y otro también es una noción presente. Su relevancia depende del contexto en el cual operan. Según la cultura cívica de derechos y libertades y la fortaleza de partidos políticos o coaliciones de gobierno, ellos desempeñarán un rol decisorio como está sucediendo. Y al responder a quienes exigen a viva voz y en las calles cárcel y castigo para los corruptos, la magistratura reacciona con el uso extendido de la coerción. Olvidan que la dimensión represiva corresponde a las formas más primitivas del Derecho, aunque en la lucha contra la corrupción aparezca como elemento esencial para desterrar la impunidad que nos agravia como país.

Pero no siempre las respuestas bajo presión social, mediática o política son las adecuadas. Está en juego la tentación de protagonismo de algunos jueces, fiscales y procuradores desde un prestigio que puede ser temporal pero muy útil para ingresar exitosamente a la política. Sucedió con Yeni Vilcatoma en nuestro país y está sucediendo con el famoso juez brasileño Sergio Moro, quien ha aceptado ser ministro de Justicia en el gobierno de Jair Bolsonaro, el gran beneficiado de su cacería contra Lula.

Moro fue elogiado como el justiciero que Brasil necesitaba; fue el instructor de ‘Lava Jato’ que asumió un perfil político como lo tienen ahora el fiscal Domingo Pérez y el juez Concepción Carhuancho. Una situación que podría poner en riesgo la independencia de la judicatura respecto de los otros poderes del Estado.

No debemos olvidar que en democracia es indispensable dotar de un mínimo de autonomía a jueces, fiscales y procuradores, y bregar por su independencia para no regresar al derecho a su etapa más primitiva: la de la ley represiva absolutamente subordinada a la política. La historia de América Latina ofrece ejemplos de estos riesgos. En los años noventa órganos encargados de controlar la Constitución fueron intervenidos por gobiernos como el de Carlos Menem, que aumentó el número de jueces de la Corte Suprema para asegurarse una mayoría de partidarios (lo cual fue reproducido por los Kirchner). O Alberto Fujimori, que en el lesivo 5 de abril intervino el Poder Judicial y posteriormente destituyó a tres magistrados del Tribunal Constitucional que dieron un fallo adverso a su reelección. Y Hugo Chávez, quien obligó a la presidenta de la Corte Suprema a renunciar a su cargo para asegurarse la mayoría en ella.

La lucha por la autonomía puede ser amenazada por la judicialización de la política, que puede acabar con la independencia de la judicatura al transformarla en arena política. Porque la otra cara de la moneda es la politización de la justicia que lesiona la institucionalidad y la separación de poderes inherente a la democracia.

En Brasil, el supuesto implacable cazador de políticos corruptos, Sergio Moro, ha aceptado ser ministro de Justicia de Bolsonaro; un gesto que mancha su imagen y lo hecho hasta ahora. Su justicia se convierte en acto político desde que al poner en prisión a Lula libró al flamante presidente de su mayor obstáculo electoral para alcanzar la presidencia.

Recordemos el paradigmático caso de Italia en los noventa, cuando el sonado proceso judicial derivó en la renovación de su sistema político. ¿En el Perú cambiaremos el sistema de justicia o este cambiará el sistema político? ¿El cambio será para bien de la democracia y de la independencia de poderes? ¿O no?

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