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Opinión


1 Mayo, 2018.

Crimen sin castigo

¿Cómo determinar indubitablemente que la finalidad del feminicida era “matar a la mujer por su condición de tal”? Este es uno de los principales problemas para una sanción efectiva.

Elizabeth Zea

| Columnista invitada

El terrible atentado contra Eyvi Agreda es solo uno de los miles de casos que existen en el país de violencia contra la mujer, que en su mayoría se tiñen de impunidad. Todo en una sociedad que si bien condena estos crímenes execrables contra las mujeres aún se muestra tolerante a la violencia y reproduce patrones de conducta atentatorias contra la equidad e igualdad en las relaciones entre hombres y mujeres.

Un sector de la población sostiene que la violencia contra la mujer debe ser tratada como violencia en general.  Si bien es cierto que no podemos dejar de reconocer que existe un problema de violencia generalizada que afecta la salud mental, tampoco podemos ignorar que entre el 2009 y el 2017 el 89% de las mujeres asesinadas murieron a manos de una pareja, conviviente o cónyuge, y que en su mayoría vivían bajo los celos y la dominación física, afectiva y económica.

Los rasgos característicos de las relaciones en las que se ejerce el poder mediante la violencia son parte del análisis que jueces y fiscales deben realizar con el propósito de configurar el delito de feminicidio y su tentativa. Sin embargo, ¿cómo determinar indubitablemente que la finalidad del feminicida era “matar a la mujer por su condición de tal”? Este es uno de los principales problemas para una sanción efectiva.

Los operadores de justicia harán un análisis de la culpabilidad del agresor tomando en cuenta la finalidad de la comisión del delito, por lo que resulta difícil bajo este esquema metodológico probar que el feminicida mata a la mujer por su odio al género femenino –a aquello que significa ser mujer–. Una opción que ofrecen los especialistas es aplicar el método de imputación objetiva desarrollado por Günther Jakobs, que se centra en el rol social de la persona como presupuesto para delimitar  la imputación penal; es decir, considera las expectativas sociales de la conducta de un hombre que se relaciona con una mujer (respeto, afecto, comunicación, protección). A esto, sus críticos sostienen que se aplicaría un criterio arbitrario en la definición de los roles sociales.

Lo indudable es que ha llegado el momento de generar un cambio a nivel procedimental, sumado a una mayor diligencia y celeridad en la administración de justicia. Ya hemos visto que de nada sirven leyes severas si al final terminan solo siendo solo tinta en papel.


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