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Caso El Frontón: la historia oculta

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Se ha presentado una denuncia constitucional contra los actuales magistrados del TC, quienes habrían modificado irregularmente los efectos de la sentencia (cosa juzgada).



A mediados del 2013 el Tribunal Constitucional (TC), con los votos de los entonces magistrados Mesía, Vergara, Calle y Álvarez, había dictado una sentencia que había dispuesto retirar la calificación de “delito de lesa humanidad” que un juez penal había aplicado a los hechos ocurridos en 1986 en el establecimiento penal El Frontón, cuando miembros de la Marina de Guerra debelaron un motín organizado por presos por delito de terrorismo.

Sin embargo, en marzo del presente año apareció una nueva resolución suscrita por los actuales magistrados, a saber: Espinosa-Saldaña, Miranda Canales, Ramos Núñez y Ledesma Narváez. Ellos deciden retirar el voto que había emitido en la sentencia del 2013 el magistrado Vergara Gotelli; en consecuencia declaran que la parte del fallo que consignaba que el caso El Frontón no es uno de delito de “lesa humanidad” no cuenta con los votos necesarios en vista de la anulación producida, lo que da pie a que el juez penal continúe el procesamiento del caso por delito de “lesa humanidad”.

La nueva resolución del TC es objeto de sendas críticas. Se cuestiona que los actuales magistrados del TC hayan modificado irregularmente los efectos de una sentencia (cosa juzgada), y por ello se ha presentado una denuncia contra ellos ante la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Pero detrás de la irregular modificación de la sentencia del TC se ha descubierto una serie de hechos extraños alrededor de la tramitación del expediente. Frente a la expedición de la sentencia del 2013, el procurador especializado supranacional, el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) presentaron recursos para anularla, situación que involucra, entre otros, al entonces secretario relator Óscar Díaz Muñoz, quien viene siendo procesado en el 36º Juzgado Penal por la falsificación del voto de un magistrado en el caso de los bonos agrarios (julio 2013).

Según declaración del propio Óscar Díaz Muñoz, las solicitudes de aclaración presentadas fueron conocidas y debatidas en la sesión del 1 de octubre de 2013 por los anteriores magistrados. De acuerdo con especialistas consultados, esto significa que los anteriores magistrados debían haber resuelto los pedidos de aclaración presentados. Se sabe que el tema fue extensamente debatido; sin embargo, los pedidos de aclaración fueron extrañamente resueltos por los nuevos magistrados.

Hay otro hecho singularmente grave y que linda con el delito. Según información recibida, existe un documento clave llamado “Reporte de seguimiento de expedientes” correspondiente al expediente Nº 01969-2011-HC. Este documento nos muestra que como consecuencia del debate de la sesión correspondiente, el entonces magistrado Vergara Gotelli solicitó el expediente para emitir un informe donde confirmaba el sentido de su voto; sin embargo, este voto de Vergara Gotelli habría sido ocultado intencionalmente.

Adicionalmente, cuando el proyecto de resolución desestimando las aclaraciones presentadas se encontraba circulando para las firmas de los magistrados, el expediente se quedó en el despacho del magistrado Ernesto Álvarez Miranda, desde el 4 de octubre de 2013, ¡235 días!. Posteriormente el expediente fue remitido al despacho del Dr. Carlos Paredes, asesor del entonces presidente Oscar Urviola, quien tuvo el expediente por ¡106 días! Al parecer el expediente estuvo congelado, presumiblemente esperando el ingreso de los nuevos magistrados.

De esa manera se ha perpetrado un nuevo fraude en el TC. El hecho de que los magistrados Miranda Canales, Espinosa-Saldaña, Ramos Núñez Ledesma Narváez sean de simpatías de izquierda marxista no debe ser razón para pedir su destitución, pero el ocultamiento del proceso y los votos realizados por los mencionados magistrados, con la finalidad de facilitar su irregular resolución, es un hecho que no debe quedar impune. Mención especial merece el exsecretario relator Oscar Díaz Muñoz, procesado por el caso de los bonos agrarios, quien tiene mucho que decir en este nuevo fraude.

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