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Opinión


11 Febrero, 2018.

Caso El Frontón: ¡Decisión anticonvencional de la Corte IDH!

¿Desde cuándo ARCHIVAR es una decisión provisional? ¿Acaso ARCHIVAR no es una de las formas de terminar un proceso?

Delia Muñoz

| Columnista

Estoy asombrada con el contenido del documento denominado “medidas provisionales” que la Corte Interamericana hizo público el día de hoy. En él dispone el archivo definitivo de un proceso político a favor de personas que no tenían un caso en curso…. ¡pero a quienes unas víctimas decidieron incorporar dentro de su propio proceso de ejecución de sentencia! Pensando que era un problema de percepción o de comprensión lectora, primero reeleí la Convención Americana de Derechos Humanos y después la resolución en cuestión.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos-Corte IDH, como toda organización, tiene reglas básicas. Ellas están contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos-CADH, instrumento que establece la condición de órgano jurisdiccional con competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención, ya fuere por un Estado o por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH.

En el artículo 63, en forma expresa le confiere la facultad de dictar especiales medidas de protección. Inciso 2: “En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión”.

Esta prescripción convencional contiene un solo mandato: “tomar medidas provisionales”. Es decir, siguiendo las tradiciones procesales del mundo mientras juzgas y resuelves, la Corte puede evitar daños utilizando su facultad de disponer la ejecución de acciones temporales. Esto,porque las decisiones definitivas se adoptan en la sentencia luego de un largo proceso de juzgamiento en el que intervienen los más variados actores.

La referida regulación convencional de las medidas provisionales contiene dos supuestos en los cuales puede operar ña decisión temporal de protección: el primero, cuando en un caso en curso las personas involucradas solicitan la intervención de la Corte para que las proteja; el segundo, cuando no existe proceso alguno en trámite y la CIDH presenta el pedido de protección.

Para la procedencia de la protección temporal la Convención exige que se cumplan requisitos esenciales: solo en casos de extrema gravedad y urgencia y se esté ante una eventualidad de daño irreparable. Es decir, ante el riesgo de que una situación se torne irreversible y de que si la Corte no interviene en forma perentoria aquella no podría ser subsanada.

¡Pero en el presente caso ocurre todo lo que está prescrito por la Convención! La CIDH no ha presentado el pedido de protección en favor de los cuatro magistrados constitucionales peruanos, sino que son las víctimas de un caso las que piden la protección en favor de terceras personas (los jueces). Es la primera irregularidad por la falta de capacidad para formular el pedido de protección a la Corte. La extrema gravedad y urgencia alude a un eventual resultado de un proceso político que se sigue en el Congreso de la República, que en el peor de los casos podría terminar en una sanción política o administrativa. ¿Cuál sería, entonces, la consecuencia irreparable?

Seamos objetivos y evaluemos: ¿la amenaza de una destitución del cargo público para el que han sido elegidos afecta a la vida o integridad, los grandes fundamentos que suelen utilizarse para justificar la irreparabilidad del daño?

Vayamos al tema de fondo. La naturaleza de las medidas cautelares durante un proceso tiene por objeto la protección temporal de las personas, de los bienes, de las pruebas, hasta tanto se resuelve el fondo del litigio. Acá hay dos hechos que se desprenden de la propia resolución: ¡el primero, que el proceso de fondo ya concluyó y hace años (existe una sentencia que esta en fase de ejecución); el segundo, que la medida que se concede NO ES provisional pues dispone NO la suspensión del proceso parlamentario, NO la aplicación de reglas de debido proceso u otra medida temporal. Lo que Corte decide por mayoría es que se “archive el procedimiento de acusación constitucional actualmente seguido ante el Congreso de la República”.

¿Desde cuándo ARCHIVAR es una decisión provisional? ¿Acaso ARCHIVAR no es una de las formas de terminar un proceso?

Solo con lo expuesto, sin ahondar en otros argumentos vertidos en la RESOLUCIÓN DE MEDIDAS PREVISIONALES, queda claro que la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es manifiestamente ANTICONVENCIONAL. No respeta sus propios preceptos procesales y rebasa en forma increíble el ámbito de la temporalidad reconocida para las medidas de protección.

Tampoco concede el privilegio de acceder a una decisión final sin haber transitado por un proceso ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, a diferencia de lo que exigió recientemente en el caso ecuatoriano cuando rechazó el pedido de medidas provisionales. Dijo, a la letra: “En este sentido, el Estado deberá garantizar los mecanismos idóneos para que los peticionarios puedan agotar las vías internas pertinentes para reclamar los derechos y resarcimientos que estimen se les estarían vulnerando”.

¡El Estado peruano tiene abiertas las puertas para solicitar una aclaración de la protección temporal de archivo por la abierta contradicción a la Convención y a su propia jurisprudencia!


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