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Opinión


15 Febrero, 2018.

Caso Corte IDH: preguntas a los juristas

Sobre la Convención Americana de Derechos humanos, la Corte IDH y el caso de los cuatro felones del TC

A cuento de la resolución de la Corte IDH que ordena al Congreso de la República archivar la acusación constitucional contra los cuatro magistrados del TC por prevaricato, he convertido las opiniones de los juristas que se han pronunciado sobre el caso en las preguntas que siguen a continuación. Esto bajo el telón de fondo de la Nueva Doctrina del Control de la Convencionalidad, cuyo ponente es el presidente de la Corte IDH, Eduardo Ferrer, según la cual todos los países firmantes están obligados a incorporar todas las resoluciones —incluso las que no les conciernen— a sus ordenamientos legales. Esta nueva doctrina se plasma en los casos Almonacid-Arellano del 2006 y en los casos emblemáticos de La Cantuta y Barrios Altos.

Preguntas:

  1. ¿Esta nueva doctrina propone la constitucionalización del derecho internacional en América Latina?
  2. ¿Esta nueva doctrina erige a la Corte IDH en el máximo interprete de las constituciones en América Latina, incluso por sobre sus propios tribunales constitucionales y congresos o parlamentos?
  3. ¿Según esta nueva doctrina la Corte IDH es una corte constitucional para la región?
  4. ¿Esta nueva doctrina permite en la práctica hacer a la Corte IDH lo que le dé la gana en materia de interpretación de la Convención de derechos humanos?
  5. ¿Esta nueva doctrina busca obligar a los Estados a interpretar su legislación nacional y su constitución conforme a la jurisprudencia de la Corte IDH?
  6. ¿De acuerdo con esta nueva doctrina los sistemas jurídicos nacionales se vuelven subsidiarios de la Corte IDH?
  7. ¿La Corte IDH es supletoria o el sistema jurídico y político peruano es subsidiario de la corte IDH? ¿No hay una contradicción aquí?
  8. ¿Las regulaciones de la convención pueden ser “libremente” interpretadas por la corte IDH?
  9. ¿La convención “evoluciona” con la “libre” interpretación con la Corte IDH?
  10. ¿Las interpretaciones convencionales de esta nueva doctrina corresponden con el espíritu y la letra de la convención que el Perú firmó en 1978? ¿La hubiera firmado el Perú según esos “nuevos” términosinexistentes en 1978?
  11. ¿Tienen los cuatro magistrados del TC el goce pleno de sus derechos en el proceso constitucional peruano? ¿Se han violado esos derechos?
  12. ¿Tomó en cuenta la corte los derechos humanos del ex magistrado constitucional Vergara Gotelli, cuyo voto fue torcido por los cuatro magistrados acusados constitucionalmente por ese hecho?
  13. ¿Acaso no afirma el artículo 12 de la carta de la OEA que los derechos fundamentales de los Estados (personalidad/soberanía/independencia) no son susceptibles de menoscabo alguno?
  14. ¿Existe un nexo jurídico entre la conducta por la cual los 4 magistrados son acusados constitucionalmente y lo ocurrido en el frontón en 1978?
  15. ¿Los magistrados del TC han recurrido a la corte IDH como manda la propia Convención?
    ¿La Comisión IDH ha propuesto el caso de los cuatro magistrados a la Corte como lo exige la propia Convención?
  16. ¿Estuvieron los magistrados del TC directamente involucrados en la audiencia los Barrios Altos y La Cantuta?
  17. ¿La Corte IDH ha tomado una acción jurídica o política?
  18. ¿La resolución de la Corte IDH le está quitando a los ciudadanos peruanos la posibilidad de acusar constitucionalmente a sus autoridades? ¿La Corte IDH está garantizando un derecho o eliminando uno?

Entonces, el asunto no es ni tan “claro” ni tan “simple” como afirman los honorables Gino Costa y Gilbert Violeta, el doctor Diego García Sayán y la abogada-bloguera sabelotodo Rosa María Palacios.

 


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