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Del Solar admite que les pueden decir que no, y presidente del Tribunal Constitucional les dice claramente: “NO”

“[La cuestión de confianza] se usa cuando un Ejecutivo convencido de lo que defiende es capaz de decirle al Congreso ‘dime que me ratificas en esto para que podamos avanzar y si no es el caso estoy dispuesto a irme'”, manifestó Salvador del Solar en entrevista con RPP. Esto, luego de los nutridos cuestionamientos por parte de constitucionalistas, que llamaron precisamente “inconstitucional” al mecanismo utilizado por el Gobierno.

Sin embargo, Del Solar subrayó que lo que buscan es que el Congreso ya no discuta ni delibere, sino “simplemente” responda si confía o no en la reforma política (?), aunque admitió que se trata de “una regla tan fuerte y tan constitucional” que si el Congreso no otorga la confianza está listo para retirarse.

“Ellos deciden. Nosotros les decimos que creemos que esto debe hacerse así. Nos pueden decir que no; por lo tanto, no están sujetos a mandato imperativo. Y si nos dicen que no, nos vamos. Esa es la verdad”, declaró.

Por otro lado, el titular del Consejo de Ministros negó que con la cuestión de confianza el Ejecutivo haya cerrado el diálogo con el Parlamento. “La cuestión de confianza no anula el diálogo y cualquier duda que pueda sentir algún partido o integrante respecto a las reglas de juego se pueden satisfacer”, afirmó.

Sin embargo, en un potente comunicado difundido a través de la cuenta de Twitter del Tribunal Constitucional, su presidente, Ernesto Blume Fortini aclaró que “el presidente la República no está habilitado constitucionalmente para imponer al Poder Legislativo la aprobación del contenido o alcances de una ley de reforma constitucional”, ya que dos de las iniciativas planteadas (prohibición de que personas condenadas puedan postular a cargos de elección popular y modificación de la inmunidad parlamentaria) requieren que la Constitución sea modificada.

En su mensaje, Blume citó el artículo 206, que claramente establece que el Poder Ejecutivo no puede observar una ley de reforma constitucional aprobada por el Legislativo. Es decir, la mayor parte de los requerimientos anotados en el texto presentado no procedería.

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