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Opinión


1 Noviembre, 2018.

Apanado judicial y mediático

La lideresa de la oposición sufre a causa de una justicia efectista que hace añicos el Derecho con tal de conseguir el aplauso del público, hambriento de sangre y azuzado por el cartel mediático.

Aaron Salomón

| Periodista

Lo que ha logrado la infundada prisión preventiva de 36 meses contra Keiko Fujimori es que un juez y un fiscal figuretis reciban el vil reconocimiento de la masa odiadora (que le endilga injustamente a lideresa de la oposición todos los pecados de su padre dictador). Como correctamente apunta el periodista Aldo Mariátegui y el legislador acciopopulista Víctor Andrés García Belaunde, que no nos extrañe ver al carcelero Richard Concepción Carhuancho y al díscolo Domingo Pérez en el Congreso de la República tras conseguir su gloriosa hazaña burlándose, incluso, del Tribunal Constitucional –instancia máxima judicial que merece todo respeto– que ha condenado estas prisiones provisionales a granel.

Se trata pues –y así lo subraya el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga en una columna– de una justicia efectista que hace añicos el Derecho con tal de conseguir el aplauso de un público hambriento de sangre. Solo así se explica que Concepción haya hecho caso a pie juntillas a Pérez y adelante prácticamente una condena (leyendo por televisión nacional una resolución de una medida restrictiva durante todo el día) para Fujimori Higuchi, pese a que aún faltaban exponer los motivos por los que los otros procesados deberían estar tras las rejas mientras se les investiga por supuestamente haber lavado dinero negro de Odebrecht.

En esta masacre colabora el cartel mediático politizando el asunto: día tras día se culpa a Keiko Fujimori –y a su diezmada bancada mayoritaria– de todos los males de un país que está estancado penosamente gracias a un presidente populista.

Y la última mentira con la que han salido es que Fujimori Higuchi ha sido acorazada por la Comisión MULTIPARTIDARIA Lava Jato, puesto que no está incluida en el informe final. Lo cierto, sin embargo, es que la suscitada no ha sido jamás funcionaria pública que haya ejecutado algún tipo de contrato de los millonarios proyectos que el grupo de trabajo ha investigado.

Con tanta mala publicidad gratuita es evidente que cualquier ataque mortal (en este caso la prisión preventiva) que dañe a la mala del cuento tendrá el máximo aval del populorum odiador y de sus rivales políticos. Ya el vocero pepekausa Gilbert Violeta ha deslizado que Keiko Fujimori paga cárcel por su “confrontación” y no, como debería ser, por considerables sospechas de que entorpezca el trabajo del Ministerio Público. Con esta declaración Violeta les está dando la razón a los fujimoristas que consideran que su lideresa es una presa política.

En fin: desde esta tribuna esperamos que una sala superior revierta la medida arbitraria contra Keiko Fujimori porque no hay elementos suficientes (ni siquiera los chats de La Botica usados como prueba a última hora) para encerrarla en tanto le toca asumir una pesquisa fiscal que no debería quedar al albur, como viene sucediendo a nuestra vista y paciencia en el caso de los Humala-Heredia.

  • ¿Por qué tanto interés del gobierno en expectorar al fiscal de la Nación Pedro Chávarry? ¿Será –como advierte el propio Chávarry– que Domingo Pérez es aliado del Ejecutivo y que por ello no hay avances en el caso Chinchero? Ahora se entiende la reacción furibunda de Pérez –expuesta en los medios a través de Vela Barba– cuando el fiscal Zanabria le quitó momentáneamente este escandaloso caso que involucra al presidente Martín Vizcarra.

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