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Opinión


15 Junio, 2018.

A ver, revisemos algunas reacciones contra la Ley Mulder

Algunos se manifiestan muy preocupados por las campañas de vacunación, censos y simulacros. Bueno, recordemos que eventos deben ser tratados como lo que son: noticias que por su interés público deberían ser difundidas por los medios sin más trámite. No hay ningún motivo para que el Estado tenga que gastar millones.

A ver, revisemos algunas reacciones contra la Ley Mulder. Las primeras son las típicamente ad hominem, hepáticas y hasta fanáticas: las consignaremos más no las contestaremos por obvias razones. Son las dirigidas contra su proponente, el congresista aprista Mauricio Mulder, a quien le han dicho de todo, con insultos y burlas por doquier, hasta el extremo de acusarlo de “chavista” (sic). Y están las que dicen que como ha sido aprobada por el fujimorismo se trata de una “dictadura parlamentaria”, obviando naturalmente que en cualquier Congreso del mundo las leyes se aprueban por la mayoría de sus miembros y a nadie –en su sano juicio claro está– se le ocurre decir semejante disparate por una ley que no es de su agrado. En fin, no hay mucho más que agregar por ahí.

Luego vienen las que se oponen a la norma argumentando una supuesta vulneración a la libertad de expresión y de información. Sobre lo primero, no vemos cómo la eliminación del avisaje estatal en medios privados pueda afectar a la libertad de la gente de expresarse, a no ser que un periodista o cualquier comentarista no pueda expresarse libremente si no hay un aviso de una entidad pública que lo auspicie. ¿Absurdo, no? Sobre lo segundo tampoco apreciamos que un medio de prensa no pueda informar si carece de avisaje del Estado ¿Qué significa? ¿Acaso si no hay avisaje estatal no van a informar a la población de lo que acontece en el Perú y en el mundo? ¿Absurdo también, no?

Además están los que se oponen a la Ley porque consideran que el Estado no puede dejar de avisar determinados actos públicos en medios privados por la cobertura que estos tienen y que los medios estatales no tienen. En primer lugar, el canal que más cobertura tiene a nivel nacional es el Canal del Estado: que se sostenga que no tiene rating es un muy pobre argumento, pues la medición del rating sigue siendo un absoluto misterio que nos gustaría que alguna vez se desentrañe. Por otra parte, si alguien quiere contratar con el Estado, pues que acuda al Diario Oficial El Peruano o ingrese a los portales de las entidades del Estado: publicitar avisos de concursos o licitaciones (ya no decimos edictos y demás) en diarios privados cuyo tiraje nadie sabe a ciencia exacta a cuánto asciende (otro misterio a descifrar) es un despilfarro de dinero.

Finalmente algunos se manifiestan muy preocupados por las campañas de vacunación, censos y simulacros, tan mencionadas en estos días entre los opositores a la ley. Sobre el particular, debemos anotar que estos eventos deben ser tratados como lo que son: noticias comunicadas a través de notas de prensa que por su interés público deberían ser difundidas por los medios sin más trámite. No hay ningún motivo para que el Estado tenga que gastar millones en informar a la población sobre estos temas.

Estamos seguros de que esta ley va a permitir que los medios privados de prensa buenos — esos que cuentan con los mejores periodistas y columnistas– vendan exitosamente su producto en base a una información veraz, objetiva y con opiniones sin ningún tipo de relación (ni presión) con el Estado. Es decir, medios de prensa real y genuinamente independientes del poder de turno.


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