toggle menu

Opinión


2 Noviembre, 2017.

A siete soles la vida

El Gobierno no puede solo: como sociedad tenemos que asumir responsabilidades y colaborar con esta titánica lucha. De lo contrario la vida de los peruanos seguirá costando lo mismo que un plato de arroz chaufa.

Antes por lo menos te daban la oportunidad de aterrarte, de quedarte en estado catatónico frente a la posibilidad de morir asesinado, cuando te encañonaban con un arma de fuego. Hoy puedes estar sonriendo y segundos más tarde eres una víctima mortal. Simplemente tuviste la mala suerte de estar en ese lugar, a la hora y día incorrectos, o cruzarte con la persona equivocada.

La falta de seguridad ciudadana está desbordada y sigue siendo el primer gran problema de nuestro país. Los múltiples esfuerzos de Mininter, del serenazgo distrital y de la vigilancia privada parecen diminutos ante la inmensidad del problema. ¿Habrá realmente formas de combatirla o por lo menos frenarla, o es que todos son paliativos para generar una percepción de seguridad?

¿Qué pasó con la campaña de entregar una recompensa de S/. 5 mil a aquellos que brinden información sobre la tenencia de armas ilegales? ¿Ha dado resultados? Fue lanzada en el mes de mayo pasado pero luego de seis meses no se conocen sus frutos.

El caso de Shirley Silva Padilla ha dejado estupefacto al país. En el trascurso de cuarenta minutos asesinó a dos personas inocentes, un discjockey y el dueño de un chifa: la primera por hablarle en tono altisonante y la segunda por pedirle, legítimamente, que le paguen una cuenta por consumo. Terrorífico más allá de toda comprensión. Cuesta que se le de tanta tribuna a una asesina a sangre fría, como si fuera una “rockstar”, pero a veces es necesario que la sociedad se enfrente crudamente a la inmensa dimensión de sus peores fantasmas; aquellos que conjugan violencia con salud mental.

La frase “le metí un plomazo sin ver y de allí disparé un tiro al aire para que me dieran cien soles” será inmortalizada por nuestra historia como una prueba más del nivel de deterioro moral de nuestra juventud, de nuestra sociedad… sin que ocurra casi nada.

Las cifras —que no necesariamente reflejan la destemplada realidad con el rigor requerido— son alarmantes. En Latinoamérica se disputan el primer puesto Brasil, con ochenta y cuatro asesinatos por día (población de 207 millones personas), y México, con 57 homicidios al día (población de 124 millones de habitantes). Superan largamente el límite de diez muertos al año por cada cien mil habitantes que, según la ONU, ya se considera violencia endémica.

En el Perú, ocho distritos a nivel nacional registraron una tasa superior a quince homicidios por cada cien mil habitantes durante el año 2016: El Porvenir-La Libertad (19,5; Huaral-Región Lima (18,7); Tumbes-Tumbes (18,6); Independencia-Provincia de Lima (17,8); Callao-Provincia Constitucional del Callao (17,2); Chimbote-Áncash (15,8), Puno-Puno; y La Victoria-Provincia de Lima (15,4).

Estados Unidos no se queda atrás: los tiroteos masivos como el ocurrido el 1 de octubre pasado —cuyo trágico resultado significó la muerte de 58 personas y 489 heridos— son los menos frecuentes pero los que provocan más estridencia y reciben gran publicidad, no solo por el factor sorpresa, sino por el morbo y el rating. Podrían ocurrir en un colegio, en la iglesia, en un concierto o mientras estás caminando por una tranquila calle, pero el hecho es que en los Estados Unidos, con una población de 323 millones de personas, ocurren 93 muertes diarias ocasionadas por armas de fuego y producto de asesinatos o suicidios.

La cantidad de dinero que mueve la industria de armas en ese país es sideral. La Asociación Nacional del Rifle ha enriquecido a muchos congresistas en su lucha para evitar restricciones al derecho de portar armas libremente. Invocan principios constitucionales como el derecho a la legítima defensa o la libertad, pretendiendo ignorar que hay muchos ciudadanos a favor de imponer controles. Desde toda óptica esta desregulación es solo fruto de un poderosísimo lobby y de sus intereses económicos, algo absolutamente incoherente para una comunidad que quiere ser percibida como conservadora y cautelosa con la seguridad de sus ciudadanos.

Es de orates que la mayoría de Estados haya aprobado los 21 años como edad mínima para comprar y consumir alcohol y tabaco (cuyo uso exagerado mata lentamente) y que no impongan restricciones para adquirir y portar armas de fuego que matan instantáneamente. Sin embargo, ciudades turísticas y cosmopolitas como Nueva York —mirando un poco de costado las leyes federales— ahora obligan a sus residentes a registrar sus armas ante del Departamento de Policía (NYPD). Muchas seguramente seguirán el ejemplo.

En el Perú su uso está muy regulado: depende de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC, la misma que concede todos los permisos y licencias relativas a armas de fuego, explosivos, productos pirotécnicos y similares. Pero la dificultad, como ocurre con todo nuestro marco legal, es el cumplimento. Muchas veces cuando las leyes no gustan o convienen las acomodamos o incumplimos y, si nos fuerzan a acatarlas, siempre está el Poder Judicial para concedernos un amparo por un sencillo.

El Gobierno no puede solo: como sociedad tenemos que asumir responsabilidades y colaborar con esta titánica lucha. De lo contrario la vida de los peruanos seguirá costando lo mismo que un plato de arroz chaufa.


Etiquetas: , , , , , ,