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Opinión


5 Abril, 2018.

A más Estado, más subdesarrollo

¿La ciudadanía será consciente de lo que implica modificar la Constitución de 1993, regresar al modelo estatista y anti empresa privada que caracterizó la penosa década de los ochenta? ¿A la época que alegremente reafirmó al Estado como el gran empresario, cuyo "éxito" se reflejó en las incontables carencias de los peruanos?

¿Alguien recuerda que Ollanta Humala y sus dos vicepresidentes juraron el cargo ante la Constitución de 1979, en abierta afrenta al fujimorismo y al modelo económico que sacó de las penurias a nuestro país? Pasó hace casi siete años.

Quizás nuestra memoria no es tan prodigiosa… pero debería serlo. ¿La ciudadanía será consciente de lo que implica el discurso de modificar la Constitución de 1993 o la mayoría no tiene la más parda idea de que la intención es regresar al modelo estatista y anti empresa privada que caracterizó la penosa década de los ochenta? ¿A aquella época de mercados cerrados que favorecían monopolios? ¿A la que alegremente reafirmó al Estado como el gran empresario, cuyo “éxito” se reflejó en las incontables carencias de los peruanos?

¿Vamos recordando?

El nocivo discurso de Marco Arana, Verónika Mendoza y Gregorio Santos, entre otros corifeos cuya capacidad de gestión jamás ha sido demostrada (salvo Santos, procesado por un sinnúmero de delitos luego de su paso como gobernador regional de Cajamarca), se estructura sobre la base de modificar la Constitución de 1993. Quieren retroceder en el tiempo. Quieren encaminarnos, maliciosamente, a las cifras de hace treinta años; hacernos volver a la nicovita y a la desesperación.

La izquierda en el Perú es oportunismo, discurso barato y una permanente reacción al establishment: un camino cómodo de ofertas que se sabe imposibles. No podemos confiarnos, menos aún hoy cuando el Frente Amplio ha capturado el MIDIS y sus millones destinados a la ejecución de programas sociales: todos sabemos que en el Perú profundo los votos se compran por centavos (y en el globalizado también, a un costo mayor). Siendo el voto un bien transable en la realidad, cuesta creer que se le haya cedido una herramienta poderosísima sin ninguna –absolutamente ninguna– explicación.

La Constitución de 1979 no establecía restricciones para que el Estado realice actividad empresarial y para que haga aprovechamiento de los recursos naturales. Es más, el artículo 114 le permitía reservarse el monopolio de determinadas actividades productivas.

El Estado como operador minero fue el mayor contaminante del país: la única forma de privatizar las unidades que explotaba Centromín Perú fue asumiendo íntegramente la responsabilidad sobre la inmensa cantidad de pasivos ambientales y contaminación de espejos de agua, cuya remediación quedó a cargo de la empresa estatal Activos Mineros SAC (creada especialmente para estos propósitos). No le sorprenda que el plomo en sangre de los niños de La Oroya sea consecuencia de la gran irresponsabilidad del Estado en el manejo de prácticas ambientales, o simplemente en su nula remediación (así como tampoco debería indignarnos que la Sunat le deba cerca de 500 millones de soles al asfixiado Essalud, mientras que los enfermos esperan 261 días para conseguir una cita en el Hospital Almenara).

Lo inexplicable siempre tiene excusas y culpables en el Perú.

La nefasta Constitución de 1979 establecía que los terrenos desocupados e improductivos deberían ser repartidas entre los campesinos sin tierra, estableciendo el mecanismo de reforma agraria como el modelo de transformación de los hombres en el campo. Una réplica de la gran “revolución” que lideró Juan Velasco Alvarado.

La triste realidad de la Reforma Agraria –que tiene en su haber muchas vidas de propietarios despojados– es que expropiaron sin pago, vale decir, usurparon y distribuyeron microparcelas a miles de campesinos, muy pobres, que no contaban con recursos o capacidad técnica para darle rentabilidad. Cincuenta años más tarde los supuestos beneficiarios siguen viviendo en la miseria, sostenidos por programas sociales o reclamando el subsidio del Estado cuando hay sobreproducción. Basta recordar el caso reciente de la papa.

La hégira de venezolanos escapando del hambre y la represión, los magnos atropellos a la legalidad de Evo Morales o la inmensa corrupción del Partido de los Trabajadores en Brasil  no son suficientes para demostrar que la izquierda solo es reflejo de subdesarrollo, atraso y desolación. Pareciera que en el Perú queremos sufrirlo en carne propia; de otra manera no alcanzo a explicar que el feble discurso de Frente Amplio, Nuevo Perú o MAS Democracia siga teniendo vigencia y  cuente con fanáticos literalmente cegados ante la realidad.

¿Por qué somos tan cíclicos? ¿Será parte de nuestra inmadurez como país? ¿Acaso estamos condenados a vivir dando saltos respecto a la continuidad de un modelo económico, que bien implementado y sin detractores que mellen la confianza funciona?

¿Será que los países desarrollados –aquellos cuya infraestructura o escuelas públicas envidiamos– se desarrollaron sobre la base de un Estado empresario? No. Fue la confianza y la apuesta de sus ciudadanos que los hizo grandes, sumadas a la estabilidad jurídica y la institucionalidad. Es el ejemplo que debemos seguir ahorrándonos, por supuesto, la recurrente antesala del dolor.


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